Marlaska: "Este Gobierno no ha autorizado ninguna venta de armas a la Generalitat"

Los alcaldes de las localidades gerundenses de Celrá, Dani Cornellá, y de Verges, Ignasi Sabater, políticos de la CUP detenidos el pasado 16 de enero en el marco de la operación policial Solans, fueron capturados por la "supuesta comisión de delitos de desórdenes públicos " en una "infraestructura crítica para el Estado", ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia de este jueves ante la Comisión de Interior del Congreso. 

El titular de Interior ha recordado a los diputados de la comisión que todas las detenciones de esa operación, 16, se realizaron a instancias del Juzgado de Instrucción 4 de Girona. Era una ooperación "bajo control judicial" y partiendo de un principio que ha defendido Marlaska enfáticamente: "Ser políticos", y no aforados, "no condiciona ni impide su detención". Y ha repetido: "El hecho de ejercer un cargo público no condiciona ni impide una detención por cargos que persigue la ley". Eso, según el ministro, implica que "detuvieron algo básico, el derecho de las personas a moverse libremente".

Esos cargos los ha descrito Grande-Marlaska con una breve narración: "A las 6:30 de la mañana del 1 de octubre de 2018 un grupo de 400 personas accedió a las instalaciones de Adif en la estación de Girona parando el AVE durante dos horas". El ministro ha explicado que, si en un primer momento el juzgado "decretó un sobreseimiento previo" fue porque no se había identificado aún a los autores del supuesto delito. Pero la Policía identificó a 16 viendo los vídeos facilitados por Adif. Estaban los dos alcaldes entre ellos, y, "tras ser oídos en declaración, todos fueron puestos en libertad con cargos".

Para el diputado Joan Margall el relato no es tan simple. El parlamentario de ERC ha contestado a Grande-Marlaska relatando que uno de los dos alcaldes necesitó ir a un centro de atención primaria por heridas que le causaron las esposas, colocadas "de forma violenta, cogiéndole del cuello". "¿Es normal enviar policías que no saben ni dónde están? -le ha preguntado Margall a Marlaska- ¿Qué les explican? ¿Que somos gente peligrosa y que 'a por ellos'?" El diputado de Esquerra ha advertido que "se les detuvo por sus ideas políticas, vayan preparando capuchas, furones y calabozos, porque van a tener que deteneer a dos millones de personas en Catalunya".

A la acusación del diputado Margall de que fueron detenidos sin orden judicial, Marlaska le ha contestado que las fuerzas de seguridad le detuvieron en calidad de policía judicial, "ante indicios racionales de delito" y en una causa supervisada por la autoridad judicial. "La Policia y la Guardia Civil son demócratas -ha recalcado-, tan demócratas como usted y como yo".

Armas para los mossos

El orden del día ha llevado al comienzo de la comisión el asunto de la compra de "armas de guerra" de diversos calibres para los Mossos d'Esquadra. Se trata de la adquisición de, entre otros, 500 lanzadores de orden públiclo de 40 milímetros, 1.550 pistolas, 300 escopetas del calibre 12 y 300 subfusiles, anunciada en diversas fases en el Boletín Oficial del Estado.

Marlaska ha subrayado ante la comisión: "Este Gobierno no ha autorizado ninguna venta de armas a la Generalitat". Todas las adquisiciones fueron aprobadas en los años 2016 y 2017, en la etapa del gobierno Rajoy, previo informe favorable de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, que entendió el caso el 26 de febrero de 2016. Un mes y cinco días antes, la Generalitat había publicado la licitación de la compra.

"En alerta 4, un subfusil es básico para un policía", ha afirmado en su turno el diputado del PDECat Feliu-Jon Guillaume, que ha aprovechado su intervención para protestar por que se le haya negado permiso a viajar fuera a la escolta del 'president' de la Generalitat, Quim Torra.

La Generalitat pidió de nuevo armas el 4 de noviembre de 2016, y esa adquisición "se suspendió en espera de informes", ha informado Marlaska. Las licitaciones aprobadas en tiempos del gobierno Rajoy no se han terminado de ejecutar, porque "la aprobación no implica la adquisición inmediata", ha recordado el ministro. 

Traslados de etarras

La política penitenciaria ha sido la parte central de una comparecencia de Grande-Marlaska. La comisión ha abordado también, a petición del ministro,  los traslados de presos de ETA que está aprobando el gobierno socialista. Todos son "a cárceles cerca del País Vasco, y no al País Vasco", y "siempre dentro de la normativa penitenciaria", ha recordado el titular de Interior a  los diputados.

"Tambien el anterior gobierno acercó y trasladó a internos de ETA cuando lo consideró oportuno, incluso con la banda en activo, y ahí estuvo el Partido Socialista, porque se hacían en el marco de la legalidad", ha recordado el titular de Interior .

El ministro ha explicado que los acercamientos realizados en ocho meses de gobierno, 20 sobre un total de 230 presos de ETA, los ha aprobado su departamento siempre previa propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones, que están procediendo a sugerir la revisión del primer grado en el que se encuentra el 90 por ciento del colectivo de presos terroristas vascos.

Grande-Marlaska ha explicado que, para la aprobación de los acercamientos, su ministerio se fija en cinco criterios básicos: si el preso tiene delitos de sangre, el tiempo de condena, el tiempo ya extinguido, la conducta en la prisión y si ha aceptado o no la legalidad. Los 20 traslados aprobados hasta ahora pasan ese test. 

Marlaska ha insistido que esa política de progresiones de presos etarras de primer a segundo grado penitenciario se lleva a cabo sin perder "el continuo contacto con las víctimas del terrorismo, con total transparencia". Por su parte, el diputado del Partido Popular José Alberto Martín-Toledano le ha acusado de "dar por muerta la política de dispersión, que tan buenos resultados ha dado y usted aplaudió".

Grande Marlaska se ha referido brevemente a una futura transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno Vasco enmarcándola en "el cumplimiento del Estatuto de Gernika, aprobado por el 80 por ciento de la sociedad vasca hace cuarenta años". Y ha explicado que se trata de transferir "edificios y funcionarios; en ningún caso Política Penitenciaria, cuya competencia corresponde al Estado".

En el turno de intervenciones de los diputados, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Miguel Gutiérrez, ha reporchado al ministro, entre otros hitos de su gestión, el traslado de los políticos independentistas catalanes presos a cárceles de Catalunya durante la fase de instrucción del juicio del 'procés'. Grande-Marlaska le ha contestado que esos traslados se hicieron en cumplimiento de la ley, porque "estando en su entorno pueden preparar mejor su defensa y, sobre todo, porque tenían el visto bueno de la autoridad judicial".

Marlaska también ha respondido enfáticamente a un reproche del diputado del grupo de Unidos Podemos Marcelo Expósito, que le ha reprochado obstáculos gubernamentales a la acción del barco de rescate de la ONG Open Arms. "A este Gobierno no le da lecciones nadie en salvar vidas. Este gobierno ha salvado 60.000 vidas".

El lunes, a gastos reservados

En cuatro días, Marlaska volverá al Congreso para comparecer en la Comisión de Gastos Reservados para explicar, a puerta cerrada, la orden de julio de 2018 de un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -el coronel Manuel Sánchez Corbí, que fue destituido un mes después- en la que comunicaba que suspendía algunas investigaciones en curso por falta de fondos reservados.

También tiene pendiente explicar a los portavoces autorizados por el Pleno de la Cámara para acceder a materias reservadas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación relativas a la llamada 'operación Kitchen', que apuntan a que el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, usaron fondos reservados, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y colaboradores externos para sustraer documentación sensible y espiar al antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas.