12-F: 'Procés' en el banquillo

«Ha llegado la hora de la verdad». Roger Torrent resumió con esa frase el sentir general ante el juicio contra varios de los principales líderes del ‘procés’. Que se haga la luz sobre los hechos del convulso octubre del 2017, que todas las partes expongan su versión de lo sucedido y que los ciudadanos decidan, en función de lo que vean y oigan, quién es el bueno y quién el malo en esta historia.

Lo lógico sería esperar también que se haga justicia. Pero los independentistas ya han dicho cientos de veces que no confían en la justicia española. Nueve de los 12 acusados, los principales impulsores del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia –excepto los que eligieron huir al extranjero– duermen esta noche en cárceles madrileñas, a la espera de que, el día 12 de febrero, empiece la vista oral que va a condicionar el resto de sus vidas y el escenario político inmediato de Catalunya y España.

Los puntos de partida están claros. El independentismo, seguro de sus razones, quiere que el juicio se convierta en «un altavoz» para su causa. Lastrado por meses de desencuentros internos, los principales partidos y organizaciones de la cuerda se esfuerzan por afrontar con cierta unidad las sesiones. De momento, solo hay acuerdo en que el proceso puede convertirse en un revulsivo para el soberanismo. No lo hay en cómo canalizar la eventual indignación popular que podrían provocar las sentencias.

Pero es pronto para hablar de eso. Este viernes, casi de madrugada y entre las protestas de algunas decenas de independentistas, se produjo el traslado de los presos de cárceles catalanas a Soto del Real y Alcalá-Meco. Salieron de los centros de Lledoners, de Puig de les Basses y Mas d’Enric, y alrededor de las ocho se juntaron en la prisión de Brians 2. Allí, Quim Torra pudo saludarlos a todos durante unos minutos antes de que los Mossos d’Esquadra cedieran su custodia a la Guardia Civil, que los trasladó a Madrid. 

Oriol Junqueras –el principal acusado, al que la fiscalía pide 25 años de cárcel–, cinco de sus excompañeros en el Govern, los 'Jordis' y Carme Forcadell, que se enfrentan a duras condenas y que intentarán demostrar que no hubo violencia en las semanas previas a la DUI, se despidieron de sus simpatizantes con mensajes a través de Twitter en los que prometiron «defender los derechos y libertades fundamentales».

Pugna por la hegemonía

El juicio llega en el momento en que la pugna entre Puigdemont y Junqueras por la hegemonía en el independentismo está en su punto más alto. Las divergencias estratégicas en el movimiento se dejaron notar ayer: mientras algunos, como el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, pedían no obstaculizar el traslado a Madrid, otros se quejaban de que el Govern no hubiera hecho más por impedir que se fueran: miembros de la ANC llegaron a okupar la sede de la Comisión Europea en Barcelona.

El presidente de la Generalitat dio muchas pistas, en una solemne declaración institucional en Palau que pronunció poco después, de cómo va a afrontar el juicio el independentismo. Por un lado, va a intentar transmitir que los encausados representan a toda Catalunya, no solo al independentismo; por otro, va a centrarse en conseguir un apoyo internacional que de momento ha dado la espalda al ‘procés’.

Por eso Torra leyó en inglés casi todo el mensaje. Dijo que la comunidad internacional, y en especial la Unión Europea, deben «proteger» a los independentistas catalanes de la falta de democracia con la que a su juicio opera la maquinaria institucional española. 

Batalla internacional

La batalla internacional va a ser dura, porque el Gobierno también se ha propuesto dar máxima prioridad a ese frente. Si los independentistas dan por seguro que el juicio no será justo –Junqueras previó hace unos días una sentencia «ejemplarmente dura»–, el Gobierno se esfuerza por transmitir todo lo contrario: la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, prometió un proceso «con todas las garantías».

El Gobierno intenta que el juicio no inflame la situación en Catalunya, pero reconoce la dificultad del esfuerzo. En la Moncloa asumen que el proceso complicará aún más las relaciones con ERC y el PDECat, a las puertas del debate parlamentario de los Presupuestos, que coincidirá con la cita en el Tribunal Supremo. Por eso llamó ayer a «apaciguar las emociones», informa Juan Ruiz Sierra.

«Pedimos racionalidad y sensatez. Vamos a tratar de que no se susciten situaciones que no interesa en este momento propiciar dentro de la ciudadanía. Pedimos a las fuerzas políticas que hagan un llamamiento a la normalidad», añadió la portavoz, que también recordó que el juicio «será televisado y tendrá toda la visibilidad», motivo por el que el Tribunal Supremo ha decidido no aceptar la presencia de observadores internacionales.

Ni el Rey ni Puigdemont

Sí ha aprobado la declaración de cientos de testigos. Estarán los principales protagonistas de aquel octubre tan crispado y de los meses que lo precedieron. Entre ellos Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Artur Mas, Íñigo Urkullu, Josep Lluís Trapero, Enric Millo o el coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable del dispositivo policial del 1-O. Pero habrá dos ausencias muy significativas: la de Puigdemont, cuya petición de declarar por videoconferencias se desestimó, y la del Rey Felipe VI. Tampoco estará el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, cuya declaración habían solicitado algunas defensas.