OPERACIÓN CONTROVERTIDA

Campuzano avisa de que las detenciones dificultan la tramitación de los Presupuestos

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zentauroepp46572752 alcalde ignasi190117090025 / JOAN CASTRO

Fidel Masreal

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El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, ha avisado de que las 16 detenciones que la Policía Nacional realizó ayer en Girona dificultan la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara baja, Campuzano ha considerado que la operación policial y la falta de diálogo hacen probable que las cuentas de Pedro Sánchez sean rechazadas en febrero durante el debate de las enmiendas a la totalidad.

"Eso no ayuda a crear el clima de conflianza por el que algunos venimos trabajando de manera activa", ha señalado Campuzano, al tiempo que ha calificado de "absolutamente incomprensible" que la Policía detuviera a estas personas "sin ningún tipo de orden judicial". "Lo de ayer fue un error gravísimo del Ministerio del Interior, hemos pedido la comparecencia del ministro", ha añadido.

Petición de explicaciones

Por su parte, el Govern de la Generalitat tiene intención de presentar una denuncia contra la actuación de la policía española sin autorización judicial de este miércoles que acabó con 16 detenidos. Según han explicado fuentes del Ejecutivo catalán, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de detención ilegal.

Asimismo, estas mismas fuentes han explicado que la 'consellera' de la Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, y el vicepresidente, Pere Aragonès, pedirán explicaciones este jueves al Gobierno español en la reunión que tendrán a Madrid con la vicepresidenta, Carmen Calvo. La actuación policial "inaceptable" será el primer punto del orden del día, según el Gobierno.

Los detenidos de este miércoles, entre ellos los alcaldes de la CUP de Verges y Celrà, así como varios activistas se hicieron en el marco de una operación policial por el corte del AVE en el primer aniversario del 1-O.

Legislación

El Govern recuerda que el artículo 167 del Código Penal castiga tanto al particular como al policía que haga una detención fuera de los casos que autoriza la ley. También señala que el derecho a la libertad es uno de los fundamentales del ordenamiento jurídico, no solo recogido al artículo 17 de la Constitución, sino porque el derecho a la libertad está expresamente recogido en los textos de derechos humanos internacionales, subscritos por España y que también son de aplicación a este país, de acuerdo con el artículo 10 de la Carta Magna.

En este contexto, el Ejecutivo catalán defiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 prohíbe la detención arbitraria (artículo 9); también cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966, que establece además que la detención solo podrá acordarse por las causas legalmente previstas; y la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades Fundamentales, hecho a Roma el 4 de noviembre de 1950, que establece los supuestos en que una detención es legítima.

Vulneración de derechos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha clamado contra la operación policial de ayer y ha considerado que se trata de un "escándalo democrático con todas las letras", "una vulneración flagrante de derechos y libertades" y un intento de "criminalizar la movilización ciudadana". En declaraciones a TV-3, Torrent ha asegurado que él habría hecho lo mismo que los diputados que ayer abandonar las comisiones parlamentarias en protesta por las detenciones.

Asimismo, el presidente del Parlament ha considerado que la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, tiene que dar explicaciones en el Parlament si lo solicitan los grupos.

La versión de Interior

El Ministerio del Interior, por su parte, ha defendido que el operativo policial de ayer miércoles se hizo conforme a la legalidad. Fuentes de este ministerio han reconocido que las 16 detenciones no se hicieron por orden judicial, sino que fueron a iniciativa de la Policía Nacional, informa la ACN.

No obstante, han asegurado que "en todo momento" se comunicó el operativo tanto al juzgado de instrucción 4 de Girona como a la fiscalía. "La policía actuó dentro de la legalidad y con el conocimiento del juez y el fiscal", han recalcado las mismas fuentes, antes de subrayar que la investigación se puso en marcha al tratarse de una "infraestructura crítica" del Estado que estuvo cortada durante dos horas.