16 DETENCIONES

Una cadena de arrestos enerva al independentismo

El alcalde de Verges queda en libertad tras pasar seis horas en comisaría

periodico

Júlia Regué

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La Policía Nacional activó este miércoles a primera hora de la mañana una cadena de arrestos por el corte de vías del AVE en Girona en el primer aniversario del referéndum del 1-O. Las pesquisas se zanjaron con un total de 16 detenidos, acusados de presuntos desórdenes públicos, entre ellos dos alcaldes de la CUP -el de Verges y el de Celrà-, un fotoperiodista y el sobrino del 'president' de la Generalitat, Quim Torra. El resto de arrestados son personas vinculadas a los CDR de la provincia, algunos también miembros de colectivos como la ANC, La Forja y el SEPC. El cuerpo policial busca a otra persona que aún no ha sido localizada.

Las detenciones se sucedieron por iniciativa propia de la Policía, a la que se le encargó una investigación por parte del juzgado de instrucción número 4 de Girona tras recibir una denuncia de Adif por los altercados del pasado octubre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aseguró que el juzgado "no había dictado ninguna orden de detención", por lo que la operación se orquestó desde el cuerpo para avanzar en su investigación, con un dispositivo en el que participaron agentes de la Brigada Provincial de Información de Barcelona en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía de Madrid.

Un sobrino de Quim Torra, detenido en la operación contra los CDR

Fuentes del cuerpo indican que, acogiéndose al artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los agentes pueden practicar detenciones aunque no estén procesados si hay "motivos racionalmente bastantes para creer creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito" o que esa persona "tuvo participación en él", informa Luis Rendueles.

El abogado de los detenidos, Benet Salellas, denunció que los agentes que custodiaban las puertas de las dependencias policiales le cortaron el paso "por hablar en catalán", y no accedió a ver a sus clientes hasta casi cuatro horas después del inicio de los arresto.

Oleada de indignación

Las detenciones despertaron una ola de indignación en el soberanismo. Miles de personas se concentraron en distintas localidades para mostrar su rechazo. El epicentro de las movilizaciones fue la capital gerundense, en la que se concentró la plana mayor del independentismo: representantes del Govern, el presidente del Parlament, miembros de las filas de JxCat, ERC y la CUP, y los dirigentes de la cúpula de la ANC y Òmnium Cultural.

Los anticapitalistas defendieron que el operativo se enmarcaba en "una operación orquestada por el Estado en contra el independentismo popular" y cargaron contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la delegada del Ejecutivo central en Catalunya, Teresa Cunillera, por haber "enviado encapuchados a detener activistas". La CUP ya ha pedido la comparecencia de Cunillera en el Parlament, y ERC y los 'comuns' la de Grande-Marlaska en el Congreso para rendir cuentas. 

Pero los 'cupaires' no se olvidaron del Govern Torra, y apuntaron a los Mossos d'Esquadra como "colaboradores necesarios" en este dispositivo, porque acudieron a Verges para custodiar el arresto del alcalde ante la indignación de los vecinos. En una rueda de prensa junto a la ANC, tacharon al Ejecutivo catalán de ser "como el gobierno de Vichy". Elisenda Paluzie, la líder de la ANC, se unió al llamamiento por la movilización "desde los principios de la lucha no violenta" y denunció "abusos policiales" y "vulneración de la garantías procesales". Fuentes de la Conselleria de Interior han respondido a las crítics de la CUP que los Mossos han mediado y no han detenido a nadie.

El Parlament, paralizado

La CUP abandonó la actividad parlamentaria, una iniciativa a la que sumaron los posconvergentes y los republicanos al considerar "absolutamente inadmisibles" los arrestos, y dejaron sin quórum las comisiones previstas, por lo que paralizaron la Cámara catalana. En el consistorio barcelonés hicieron lo propio pero se mantuvo igualmente lo calendarizado. 

Desde Ciutadans les acusaron de "vagos", de "querer cobrar pero no ir a trabajar", mientras que los populares afearon a los independentistas que "secuestren" las instituciones catalanas y traten de "criminalizar la actuación de la Policía y el Estado". Los socialistas les reprocharon haber escogido una forma de protestar que "lesiona el derecho de iniciativa parlamentaria de la oposición" y los 'comuns' cuestionaron que esa fuera "la mejor manera de dar respuesta a esta situación de excepcionalidad".