El juez archiva todas las querellas contra los Mossos por espionaje político

El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, ha archivado las 17 querellas presentadas contra los Mossos d'Esquadra, que se acumularon en una única causa, a raíz de la documentación interceptada por la Policía Nacional en la incineradora de Sant Adrià de Besòs el 26 de octubre del 2017, la víspera de la declaración de independencia de Catalunya. El magistrado concluye que no existió espionaje ilegal, a pesar de que la policía catalana recopiló datos sobre organizaciones constitucionalistas -como Societat Civil Catalana-, periodistas, detectives, sindicalistas del mismo cuerpo y del abogado José Maria Fuster Fabra. 

En su auto, recurrido por los afectados, el juez sostiene que toda la información requisada a los Mossos en la incineradora "se ha obtenido con medios legales" y que "no existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio".

El juez considera que las investigaciones que llevaron a cabo los Mossos "en un momento de especial vulnerabilidad" -en referencia al 1-O- respecto a personas con motivo de "su significación sociopolítica" se realizaron para comprobar si podían convertirse en "autores o partícipes en incidentes con afectación al orden público o devenir víctimas de estos incidentes".

Declaración del comisario jefe

El comisario jefe Manel Castellví, citado para declarar al respecto de estos documentos, ofreció, según el juez, una explicación precisa sobre las razones de cada actuación policial, distinguiendo entre información e investigación. Cuando la información no ofrece ningún dato relevante, la actuación cesa. Por este motivo, se llevó a cabo la destrucción de estos documentos. 

El magistrado afirma que no puede concluirse que las investigaciones de los Mossos no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y, por lo tanto, no incurrieron en una "desviación de poder" y buscaron información "esencial en toda policía".

Entre la documentación dirigida a la incineradora aparecieron rastros de investigaciones que afectaban a muchas más personas que las que han acabado denunciando a los Mossos. La Comisaría General de Información de la policía catalana actuó "con competencia objetiva y esencial [...] conforme al derecho penal y al ordenamiento jurídico", según el auto.

Sin "fin político"

En definitiva, la tesis de las personas afectadas, incide el juez, se basan en decir que fueron investigados por motivos de carácter político, una tesis que ha quedado desmentida por las explicaciones aportadas. Subraya que no consta que los datos obtenidos hayan sido usados "para algún fin político" y que la policía catalana decidió la información que quería buscar "según su poder discrecional de investigación".

Los querellantes exponen en su recurso que los Mossos realizaron seguimientos e investigaciones sobre un grupo de personas por sus "tendencias políticas que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat".