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libertad de expresión

La justicia investiga al juez que incautó los móviles a dos periodistas en Baleares

El TSJIB admite la querella presentada por los informadores, 'Europa Press' y 'Diario de Mallorca'

La instructora del proceso ha decretado el secreto de las diligencias judiciales

J. G. Albalat

El empresario Bartolomé Cursach, cuando fue detenido el pasado marzo

El empresario Bartolomé Cursach, cuando fue detenido el pasado marzo / EFE / CATI CLADERA

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) investigará al juez de Palma de Mallorca Miguel Florit, que la semana pasada ordenó requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca', así como ordenadores y otros dispositivos informáticos,  para averiguar el origen de la filtración de un informe en el 'caso Cursach'. El alto tribunal ha admitido este martes a trámite la querella de los dos informadores y sus empresas. Esta acción provocó multitud de protestas del mundo de la comunicación.

La sala civil y penal del TSJIB ha dictado un auto en el que asume el estudio de la querella, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. La demanda ha sido presentada por Editora Balear, empresa titular de 'Diario de Mallorca', y Europa Press, así como por los redactores José Francisco Mestre, del rotativo, y Blanca Pou, de la agencia.

El alto tribunal autonómico ha designado instructora de la causa a la magistrada Felisa Vidal Mercadal, que ha decretado el secreto de las diligencias judiciales. Los magistrados justifican esta medida, cuya prolongación dejan en manos de la instructora, en que la requisa de los teléfonos y ordenadores y las órdenes de registro en las redacciones de los dos medios de comunicación se realizó "en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas".

Los magistrados dejan en manos de la instructora cualquier decisión respecto a la petición de los querellantes de "inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (teléfonos móviles, ordenadores, 'pendrive' y documentación en papel) incautados". Asimismo, para determinar "la relevancia penal de los hechos y la verosimilud de la imputación" se acordó el lunes recabar del juzgado de Florit la "certificación literal" del auto por la que ordenó requisar los móviles y otros dispositivos.

"Burlar el secreto profesional"

Los denunciantes argumentaron en su querella que el juez Florit "ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas".

De forma paralela, Europa Press ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares contra el auto del juez Florit por el que la Policía Nacional se incautó del teléfono móvil de una periodista y de dos ordenadores corporativos. La defensa de la agencia de noticias pide que se deje sin efecto esa instrucción, "la inmediata devolución a sus propietarios" del material decomisados y que se "elimine cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismo". El auto del juez solo contenía la parte dispostiva, sin argumentación, lo que implicaría, a su entender, una vulneración "del derecho de defensa".

La Fiscalía Anticorrupción presentó el lunes al juez instructor su escrito de acusación en el 'caso Cursach', en el que atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años. La Policía Nacional ha detenido este martes por revelación continuada de secretos a un inspector que fue responsable del grupo de blanqueo de la Jefatura de Baleares del mismo cuerpo, que investigó esta presunta trama de corrupción.