LA CAUSA DEL 'PROCÉS'

El Ministerio de Hacienda reduce a 196.000 euros el gasto del Govern en el 1-O

El fiscal establece en el escrito de acusación por rebelión que la Generalitat malversó tres millones de euros

Votantes del 1-O, en un colegio electoral de Barcelona.

Votantes del 1-O, en un colegio electoral de Barcelona. / periodico

Efe

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El Ministerio de Hacienda ha reducido a 196.906 euros la cifra que el Govern pagó para organizar el referéndum unilateral del 1-O, principalmente por los viajes de los observadores internacionales, a los que suma otros 615.717 euros que no llegaron a abonarse. La cantidad dista de los tres millones de euros que la fiscalía apunta, en el escrito de acusación por rebelión a los líderes del 'procés', como dinero malversado por el Ejecutivo catalán.

Hacienda ha remitido un informe con esos números al juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum. El ministerio advierte de que solo ha podido analizar el gasto incluido en los expedientes de la Generalitat y no necesariamente el "real". Este quedaría "fuera del alcance" del estudio si es distinto del que consta formalmente en los expedientes analizados, señala Hacienda, que recuerda que los documentos cuyo objeto es "suficientemente genérico" podrían amparar costes "de cualquier tipo".

En el caso de los expedientes de gastos definidos, pero cuyo objeto forma parte de la gestión ordinaria de la Generalitat, añade el informe, cabe la posibilidad de que los servicios y bienes comprados se destinaran posteriormente, "ya sea en todo o en parte", a actividades relacionadas con el 1-O.

Los números de la fiscalía

En la suma destinada a pagar el 1-O, el ministerio público incluye 900.906 euros de gasto de los 2.259 locales de votación; 654.563, en publicidad institucional; 979.661 para el suministro de papeletas -unas facturas que la empresa Unipost dijo que habían sido anuladas-; 501.740 para buscar apoyo exterior a la independencia, y 38.431 para la cartelería del referéndum.

Por su parte, en su escrito de acusación contra los líderes independentistas, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado cifra en 1,9 millones el dinero malversado en el 1-O, al excluir el coste del uso de los locales públicos que acogieron las urnas.

El documento que Hacienda ha presentado ahora al juez establece como únicas facturas pagadas por el Govern las del coste de los honorarios y desplazamiento de los observadores internacionales del 1-O (177.304 euros), y de la traducción al inglés de la web cataloniavotes.eu. Este portal incorporaba noticias sobre el proceso soberanista y publicó el resultado del referéndum unilateral.

Ambos gastos, añade el Ministerio de Hacienda, fueron a cargo del Diplocat, aunque en el caso de la traducción de la web solo se abonaron 19.602 euros, correspondientes a las facturas de enero a junio del 2017, mientras que las de julio a octubre quedan pendientes, "si bien consta que el servicio fue prestado".

La campaña 'Civisme'

El balance de Hacienda incluye, además, otros 336.143 euros previstos por la Generalitat para pagar la campaña 'Civisme', correspondiente a la publicidad institucional del 1-O, pero que finalmente no fueron abonados. El informe se remite a la documentación remitida por la Intervención General de la Generalitat, que señala que "no existe ningún expediente en el Departamento de Presidencia relativo a la emisión de la campaña de civismo del que se deriven obligaciones de pago", puesto que el que se inició en su momento "quedó desierto".

Según Hacienda, la Generalitat también previó un gasto de 266.506 euros para impulsar el registro de catalanes residentes en el exterior, una campaña que, según el informe, "puede relacionarse con la convocatoria del proceso refrendario". 

El informe señala que existen tres contratos relacionados con esa campaña: uno de creatividad, con un coste de 8.950 euros, otro de difusión en internet por 97.332 euros y un tercero de difusión en prensa escrita por 158.344 euros.

Sin embargo, precisa que esos gastos no se llegaron a pagar como consecuencia de las "consideraciones" que hizo la asesoría jurídica del Departamento de Presidencia, en una nota en la que aconsejaba suspender los pagos porque estaba en trámite "un procedimiento judicial con el que los servicios de los que derivan las facturas pudieran tener relación directa o indirecta".

"Burla" del control

En su escrito de acusación, la fiscalía concluye que el Govern "burló" el control del Estado para financiar el 1-O con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior.