El Gobierno busca reformar la ley de memoria histórica para que Franco no vaya a la Almudena

Nuevo cambio en el Gobierno, y en concreto de su vicepresidenta, sobre el destino de Francisco Franco una vez sea exhumado del Valle de los Caídos. Primero, Carmen Calvo dijo que el Ejecutivo no podía hacer nada para impedir el deseo de los nietos del dictador de enterrarlo en la catedral de la Almudena, donde son propietarios de una cripta. Después, que la ley impedía que el cadáver fuese a parar a un lugar tan céntrico, a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol, porque podría ser exaltado por sus seguidores. Este viernes, sin embargo, Calvo volvió a virar.

La vicepresidenta señaló que todo dependía de una reforma de la ley de memoria histórica. El enfoque complica el deseo del Gobierno de zanjar este asunto de forma rápida. Su compromiso de que Franco saldrá del Valle de los Caídos "antes de que acabe el año" está cada vez más en el aire.

Después de que el Vaticano rectificara la versión del Gobierno en un comunicado por completo inusual, a raíz de la interpretación que Calvo dio de su encuentro a principios de semana con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la número dos del Gobierno no dijo nada este viernes sobre la supuesta colaboración con la Iglesia para que el dictador no fuera a la Almudena. La posibilidad de que los huesos de Franco acaben allí pone los pelos de punta al Ejecutivo. La exposición de la tumba sería muy superior a la del Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de la capital. La vicepresidenta se limitó a trasladar que el acuerdo con la Iglesia se ciñe a la exhumación, y que los socialistas iban a proponer "modificaciones de la ley de memoria histórica para que el dictador esté en un lugar privado, decoroso, sin enaltecimiento".

Trámite de enmiendas

La reforma de esta ley se encuentra ahora en el Congreso, para que incluya el decreto de exhumación de Franco. El plazo para presentar enmiendas acaba el martes, pero el PP y Cs podrían ampliarlo, empleando su mayoría en la Mesa de la Cámara baja, algo que han hecho con otros proyectos socialistas, como la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para sortear el veto del Senado al techo de gasto. La rapidez de la exhumación de Franco, por lo tanto, depende de conservadores y naranjas, que se han mostrado críticos con esta iniciativa del Gobierno.

Calvo no explicó el porqué de sus cambios. "A cada obstáculo damos una respuesta", dijo en varias ocasiones la vicepresidenta, que también reclamó a la familia del dictador que "entienda la necesidad de la sociedad española de terminar con esto". Su petición, a tenor de lo ocurrido hasta ahora, tendrá escaso eco en los nietos de Franco.