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Exhumación histórica en el Valle de los Caídos

Se busca tumba para Franco

El alcalde de Águeda (Salamanca) dice que constructores y funerarias privadas le ayudarán gratis si consigue llevarse al pueblo los restos del dictador

En los alrededores, los restos de republicanos asesinados siguen esperando su rescate en fosas comunes ocultas en montes y fincas privadas

Juan José Fernández

JOSE LUIS ROCA

Las franjas blancas en mitad de los carteles de la carretera son vestigios de la pelea que se ha librado por el nombre de Águeda (Salamanca). Un fallo judicial de marzo de 2107 obligó al Ayuntamiento a quitar el apellido "del Caudillo" de los letreros. Pero ahora se redobla la vinculación con Francisco Franco de esta pedanía de Ciudad Rodrigo, cerca de la raya con Portugal.

El alcalde, Germán Florindo –cuatro años en el PSOE, 16 en el PP y otros dos de nuevo en el PSOE hasta acabar en el grupo mixto- quiere traerse los restos del dictador al pueblo cuando los saquen del Valle de los Caídos. Dice Florindo que no les costaría un euro: "Cuatro empresas constructoras de aquí me han ofrecido hacer el mausoleo gratis, y dos funerarias harían el transporte sin cobrar".

El alcalde de Águeda, Germán Florindo de la Nava (derecha) muestra con la ayuda de un vecino una de las placas con la antigua denominación del pueblo que tuvo que retirar por orden del juez. / JOSÉ LUIS ROCA

Florindo ha pensado en dos emplazamientos para la nueva tumba, "que sería un mausoleo en condiciones, no un simple agujero", explica. Uno: el centro del pueblo, una plaza cuadrada entre parterres y macizas arquerías blancas. El otro, la cruz de los caídos de granito que se levanta junto a la iglesia, y que inauguró el mismísimo Franco cuando fundó el pueblo.

Hijos de colonos

La razón para la singular oferta es, dice el alcalde, la gratitud: "Franco nos dio este pueblo tan bonito, en el que se vive tan bien". En 1954, Águeda fue construida por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) como poblado de colonización para familias numerosas y necesitadas. A cada obrero traído al lugar le dio 80 metros de vivienda, 400 metros de patio, cuatro hectáreas de regadío y dos vacas.

Un abuelo de Florindo estuvo entre los agraciados. "Franco también hizo cosas malas, pero no le tengo por un dictador, porque gracias a él hay democracia hoy", argumenta el alcalde, convencido de que su proyecto "sería una fuente de ingresos y turismo para el pueblo". La totalidad de los vecinos consultados por EL PERIÓDICO está de acuerdo. Solo alguna pequeña disensión –"Germán, pa’qué quieres traerte a ese, joder"- hay entre los 109 vecinos de la pedanía.

La cruz de los caídos que se levanta junto a la iglesia de Águeda (Salamanca). Bajo ella propone su alcalde colocar la nueva tumba de Franco. / JOSÉ lUIS ROCA

"Yo no soy de izquierdas ni de derechas", proclama el edil –empleado de una farmacia- mientras, ayudado por un vecino, abre la casa consistorial en obras para enseñar viejas placas franquistas que guardan como un tesoro. Si las quitó, tras años de resistencia, era porque el juez ya le amenazaba con una multa: "Uf, 12.000 euros, lo que gastamos en luz en un año".

Para acreditar que va en serio, su equipo de gobierno contactó con Francis Franco, nieto del general. "Gracias. Se tendrá en cuenta", les contestó. Florindo quiere ir al Valle de los Caídos el próximo fin de semana y entrevistarse con al abad de los benedictinos que custodian la inmensa tumba.

"Que se lo haga mirar"

El alcalde Germán Florindo hace su defensa del franquismo en un enclave de la Memoria Histórica. Calabozos del Ayuntamiento, Cuartel de la Bomba, La Caridad… la vecina Ciudad Rodrigo albergó cinco cárceles de republicanos en los días del alzamiento, y de sus celdas sacaron los paseadores a buena parte de los fusilados en descampados o en la tapia del cementerio de la capital provincial, Salamanca. Entre ellos, el alcalde y varios concejales de la urbe medieval. Y entre esos concejales, Joaquín Gaite Veloso, catedrático, director del instituto de Ciudad Rodrigo, amigo de Unamuno y tío de la escritora Carmen Martín Gaite. Lo mataron a balazos tras un consejo de guerra.

Una parte significativa del franquismo residual se arremolina en rincones de Salamanca. El ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, ha ayudado en la colocación de monumentos dedicados a los fusilados, pero por la provincia hay rocosos afloramientos de lo que se llamó 'el régimen'. Lo saben bien Luisa Vicente y Felipe Sánchez, maestra y administrativo jubilados, activistas de la asociación Salamanca Memoria y Justicia (ASMJ) que se han recorrido los archivos de 362 pueblos salmantinos para documentar la matanza franquista. Precisamente el consistorio de Ciudad Rodrigo fue el último en darles acceso.

Luisa Vicente y su esposo, Felipe Sánchez, han investigado por toda la provincia de Salamanca el paradero de centenares de desaparecidos asesinados por el franquismo tras el golpe de 1936. / JOSÉ LUIS ROCA

De esa búsqueda se destiló una lista de 1.160 muertos, de los que 1.119 están colocados en una impresionante placa en el cementerio. Paradójicamente, el monumento está muy cerca de donde hasta hace poco reposaban dos aviadores alemanes de la División Cóndor que se estrellaron en Salamanca cuando volvían de bombardear Gernika.

A Luisa le pasma el proyecto del alcalde de Águeda. "Si ese señor quiere traerse la momia de Franco a su casa, creo que debería hacérselo mirar por un psicólogo", dice, y se le quiebra la voz cuando comenta el decreto de exhumación porque le recuerda a su padre, hijo de fusilado: "Nunca entendió cómo aquel asesino podía enterrarse junto a sus víctimas".

"¿Qué te pasa, chaval?"

Una tarde de octubre de 1936, Miguel de Unamuno, de paseo por Salamanca, vio a un niño de 14 años llorando en la calle. Y se paró a preguntarle qué le pasaba. El día 23 habían fusilado a su padre y a un hermano. Aquel niño, Luis Vicente, era el padre de Luisa Vicente. Ella guarda la anécdota como parte valiosa del ajuar de recuerdos familiares. Luis solía contar que a Unamuno le llamó la atención de él su atuendo civil, cuando Salamanca se había llenado de camisas azules y uniformes: "No llevas ropa circense", le dijo el escritor emblema del 98.  

Lo cuenta Luisa Vicente en el camposanto de de la ciudad, ante el nicho sin adornos, sorprendentemente modesto, en el que descansa Unamuno. Queda de camino a la parte del antiguo cementerio civil, donde desfilan por el granito 1.119 nombres de fusilados.

Pronto tendrán que habilitar sitio para más. En octubre, tras cinco años de pleitos, la ASMJ reabrirá con el experto forense Francisco Echeverría una fosa en Pedro Toro, en la Socampana (comarca) de Ciudad Rodrigo. Esperan encontrar ocho desaparecidos, entre ellos a La Gaona, una mujer a la que sus vecinos oían chillar por las ventanas de su calabozo en las horas previas a su ejecución.

La investigación de la asociación Salamanca Memoria y Justicia llevó a reunir pistas de 1.119 de republicanos fusilados en la provincia. En esta placa del cementerio de la ciudad se recuerdan sus nombres.  / JOSÉ LUIS ROCA

De las cárceles de Ciudad Rodrigo se hacían grandes sacas, a veces de hasta 15 desgraciados. Muchos cuerpos se arrojaron en fosas de fincas particulares. Ante la negativa de algunos hacendados a permitir excavar, la SMJ ha tenido que recurrir a la figura legal de la expropiación forzosa temporal. No fue el caso, recuerda Luisa Vicente, de la casa de Alba. Llegado el momento de rescatar huesos de la finca Porta Novis, "la duquesa no puso problema alguno".

Pero quedan aún numerosas fosas por localizar, explica Felipe Sánchez, en los montes de La Orbada y Gargabete, por ejemplo. A los muertos que sí registraron, a menudo se les señaló con eufemismos la causa del óbito. Al alcalde de Beleña, al que un oficial mató de un tiro en la barriga, se le anotaron "problemas gástricos". A otros se les enterró con un administrativo "muerte por enfrentamiento con la fuerza pública".

A ver la lápida

Ochenta y dos años después de aquellos días negros, la paz no ha llegado a todos los cementerios. Juanjo Arranz, técnico de las bibliotecas de Barcelona, y su sobrino Oriol Vilá irán este domingo 26 hasta el camposanto de Peñacaballera, al sur de la provincia, para visitar la tumba del abuelo, el labrador Santiago Martín Romero; y viajarán, como otros años, con la duda de si habrán respetado su lápida.

El barcelonés Juanjo Arranz es nieto de "un labrador fusilado por defender los derechos de los labradores", explica. En el pueblo salmantino donde descansa, alguien arrancó una lápida que denunciaba a quienes lo asesinaron. / JOSÉ LUIS ROCA

Santiago Martín fue fusilado tras una saca de un cuartel de la Guardia Civil el 26 de agosto de 1936. Hace cuatro años alguien arrancó una primera lápida que decía que quien allí yace fue "asesinado" por "falangistas". La familia quitó esas palabras en una nueva placa. Ahora solo dice que el muerto fue "ejecutado por defender la República".

"A mi abuelo lo mataron por defender los derechos de los labradores…", protesta Arranz con marcado acento barcelonés, vecino como es de La Sagrera. La suya fue una de las familias que se tuvo que ir de Salamanca a Catalunya, pues el fusilamiento la dejó sumida en el estigma y la pobreza.

"Es un decreto sectario"

La onda expansiva del decreto de exhumación de Franco llega a 377 kilómetros de La Moncloa, a Guadiana del Caudillo, a las puertas de Badajoz. Su alcalde, Antonio Pozo, tilda la orden de "decreto sectario, otro abuso más en el intento de implantar una memoria histórica selectiva".

Guadiana del Caudillo se sigue llamando así tras una sentencia del Supremo que no considera su nombre una exaltación de la dictadura. La denominación ganó una consulta local en 2012 con el 60 por ciento de los votos.

Ahora, Pozo cree que su pueblo no tendría problema en acoger los restos de Franco, "por supuesto", si bien no ha llevado el asunto a discusión oficial "por no dar pie al Gobierno en su profanación de una tumba. Yo respeto a los de la Memoria que buscan a sus familiares. Pero esto es otra cosa". Su insistencia en defender la figura de Franco le ha costado a Pozo, y a todos sus concejales, tener que dejar el PP.

"No defendemos a Franco -explica Pozo-, sino la voluntad de los vecinos", hijos de agraciados con tierras y casas en un poblado de colonización nacido con los regadíos del Plan Badajoz. Muchas familias fundadoras, como la de Pozo, "vinieron aquí en la parte de atrás de un camión, solo con lo puesto. El Plan Badajoz fue su salvación. Si por decir eso te tachan de franquista… ¿qué le voy a hacer?"

En Sevilla, en la pedanía que cambió su nombre a Isla Mayor,  Enrique Gutiérrez, presidente del Villafranco CF –primera división andaluza-, rechaza que le llamen franquista por mantener el nombre del dictador en el de su club, como antiguamente se llamaba el pueblo.

"Mientras yo sea presidente, no se cambia. Que mantengamos el mismo nombre con que nació hace 50 años no nos convierte en franquistas. Mire: nosotros somos más bien de lo contrario", se explica Enrique, pero a la vez opina sobre el decreto: "A Franco hay que dejarlo donde está”.

Lenta espera        

Piensan justo lo contario, en Zaragoza, los descendientes de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, anarquistas de Villarroya de la Sierra asesinados en Calatayud y enterrados después sin aviso en Cuelgamuros. La noticia del decreto de exhumación de Franco deja en la familia un sabor agriculce. Una sentencia judicial les autoriza desde hace 30 meses a sacar los restos del monumento y llevárselos a su pueblo, pero aún no se ha dado cumplimiento.

Hace ya 12 días que tuvieron las últimas noticias de Patrimonio Nacional. Les comunicaron que los forenses han accedido al tercer nivel de cajas de restos de la Capilla del Sepulcro. Y no han vuelto a saber más. "Digo yo que en abrir con una radial y sacar cajas hasta llegar a las de Calatayud no se echa más de un día, ¿no?", cavila Miguel Ángel Capapé, portavoz de la familia. "Está bien que saquen a Franco de allí, pero a este paso va a salir antes el dictador que los que tienen sentencia judicial".

En Barcelona, en el barrio de Gràcia, Rosa Gil también espera recuperar los restos de su abuelo, Pedro Gil Calonge, a quien una bala le dio en la cabeza el 1 de julio de 1937 en una trinchera del bando nacional, en el frente de Tardienta (Huesca). Rosa no sabe si lo recuperará antes de que Franco salga del valle. Le corre prisa, porque quiere que su padre, Silvino Gil, de 82 años, deje ya de esperar el rescate. "Aquí parece como si hubiera una jerarquía –dice, cansada de eseprar-. A mí me parece bien que saquen a Franco de allí. ¿No le parece que lo ideal es que cada muerto esté cerca de su familia?".

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