Hacienda ofrece a Podemos ampliar el permiso de paternidad solo a funcionarios

El ministerio de Hacienda está dispuesto a atender la propuesta negociadora de Unidos Podemos para equiparar el permiso de paternidad (5 semanas) al de maternidad (16 semanas), pero solo para los empleados públicos y de forma progresiva, en un horizonte de tres años, hasta el 2021. Según fuentes de la negociación presupuestaria entre ambas partes, esta es una de las escasas concreciones que aparecen en el documento que el Ministerio de Hacienda remitió a Unidos Podemos este lunes, en respuesta al que la formación morada presentó el 15 de agosto, bajo el título “Dejar atrás la austeridad”, con sus propuestas de pacto.

Después de haber arrancado al Gobierno este miércoles el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones (con una paga extra si la inflación se desvía al alza), el grupo parlamentario de Podemos también espera poder avanzar en su objetivo de equiparar los permisos de paternidad y maternidad para todos los trabajadores.

Método negociador: Cuatro grupos de trabajo para encauzar el diálogo

Tras la fructífera reunión negociadora del miércoles, en la que Gobierno y Podemos también acordaron una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para impedir el posible veto del Senado (con mayoría absoluta del PP) a la senda de déficit, ambas partes han diseñado un método para lograr nuevos acuerdos. Según la portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Lucía Martín, se van a crear cuatro grupos de trabajo. El primero, centrado en revertir los reales decretos del 2012 de recortes en sanidad, educación y dependencia. Un segundo grupo para la reforma de la regla de gasto y compensar a los ayuntamientos tras las sentencia del Constitucional relativa al impuesto de plusvalías. Un tercer grupo se centrará en ingresos y fiscalidad y un cuarto, en las cuestiones relativas a empleo, Seguridad Social y pensiones.

Pensiones: Una paga extra si se desvía la inflación

Hacienda ha asumido la propuesta de Podemos de abonar una paga única en las primeras semanas del 2019 para evitar la posible pérdida de poder adquisitivo en las pensiones en el 2018 si finalmente la inflación se sitúa por encima de la subida del 1,6% de las pensiones en este año. En julio el índice de precios de consumo alcanzó el 2,2%, la misma tasa que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) prevé para el mes de diciembre. De confirmarse esta previsión, los pensionistas deberían recibir una paga para compensar esa hipotética desviación de seis décimas de la inflación respecto al subida de las prestaciones del 1,6%. Para el caso de una pensión de 800 euros, esa minipaga podría ser de unos 70 euros, en ese supuesto. Según el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, la financiación de esta medida conecta con otras propuestas de reforma de su formación, tales como eliminar los topes máximos de cotización de los salarios, eliminar bonificaciones y reducciones a la cuota de la Seguridad Social de las empresas o acabar con las bonificaciones fiscales a los planes privados de pensiones

Regla de gasto: El oxígeno que esperan los ayuntamientos

El Gobierno comparte con Podemos y con la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados el objetivo general de flexibilizar la regla de gasto con el fin de dar una mayor flexibilidad a los presupuestos de las corporaciones locales con superávit en sus cuentas públicas. La idea es que puedan disponer de esos remanentes para determinados gastos sociales y no solo para inversiones financieramente sostenibles. Pilotar el alcance de esta reforma es vital para una formación como Podemos que gobierna en grandes municipios, como Madrid y Barcelona, entre otros.

Impuestos: La idea de la tasa a la banca sigue adelante

Existe amplia coincidencia entre el Gobierno y Podemos en el objetivo de aumentar la tributación sobre grandes grupos empresariales y firmas tecnológicas en introducir nuevas vías de tributación medioambiental. Fuentes de Hacienda han confirmado que también mantiene sus planes para aplicar una tasa sobre las entidades financieras, más allá de las críticas suscitadas en el sector.