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El Gobierno estudia contratar a un abogado para defender la justicia española en Bélgica

El Ejecutivo analiza cómo debe actuar ante la demanda civil de Puigdemont contra Llarena en un tribunal de Bélgica

Juan Ruiz Sierra

El juez Pablo Llarena, el pasado 25 de julio, en San Lorenzo del Escorial (Madrid). 

El juez Pablo Llarena, el pasado 25 de julio, en San Lorenzo del Escorial (Madrid).  / EFE / PAOLO AGUILAR

El Gobierno estudia contratar a un abogado en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada en ese país contra el juez Pablo Llarena, instructor en la causa que investiga el 'procés', por el 'expresident', Carles Puigdemont, y los 'exconselleres' huidos. La decisión se produce un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgara amparo al magistrado del Tribunal Supremo. El organismo pidió a los ministerios de Justicia y Exteriores acciones para "asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española".

"Cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país, pero aún se está valorando cuál debe ser la actuación de la Abogacía del Estado. Todavía no está decidido", señalan fuentes del Gobierno.

Sería el letrado quien se encargaría de acudir al tribunal belga el próximo 4 de septiembre, día en el que el juez está citado a comparecer. En la demanda, Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas argumentan que Llarena "prejuzgó" los hechos que instruye al declarar, durante una conferencia en Oviedo, que los políticos encarcelados "no son prisioneros políticos".

La contratación de un abogado en un país extranjero por parte del Gobierno es una posibilidad recogida en el reglamento de la Abogacía del Estado, si bien se utiliza en escasas ocasiones.