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'CASO TÁNDEM'

José Villarejo facturó 5,5 millones de euros en informes a sus clientes

La Audiencia Nacional mantiene en prisión al comisario Villarejo e impone una fianza de un millón a su socio, el abogado Rafael Redondo

Europa Press

José Manuel Villarejo, tras declarar en el juzgado de Estepona, en el 2016.

José Manuel Villarejo, tras declarar en el juzgado de Estepona, en el 2016. / JORGE ZAPATA (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido mantener en prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que acusa de facturar 5,5 millones de euros en informes a sus clientes. En cambio, el magistrado ha impuesto una fianza de un millón de euros a su socio, el abogado Rafael Redondo, al que ha dado un plazo de siete días para abonarla. Ambos pidieron su puesta en libertad el día 1 de agosto. 

Según la investigación, las sociedades instrumentales creadas por el letrado de Villarejo ayudaron a canalizar capitales "de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y en el extranjero, y habrían facturado 5,5 millones de euros".

De Egea ha vuelto a rechazar la puesta en libertad del policía, investigado en la Audiencia Nacional por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos, al entender que "siguen concurriendo los presupuestos" legales para mantenerle en prisión preventiva, donde permanece desde el pasado 5 de noviembre. A su socio, el abogado Rafael Redondo, el juez le da un plazo de una semana para depositar la fianza de un millón de euros que le permita eludir la medida preventiva.

Secreto levantado

Por otra parte, el juez ha levantado el secreto sobre tres de las seis piezas de las que se compone la causa: la principal llamada 'King', la denominada 'Pintor' (por la que a principios de agosto fueron detenidos entre otros el empresario Juan Muñoz, esposo de la periodista y productora Ana Rosa Quintana), y 'Land', que investigaba a los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, sobre quienes se ha levantado la imputación.

En relación a Villarejo, el juez argumenta en su auto que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Añade que, a partir de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia, vigilancia, por los que recibía como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá.

Activos de gran valor

Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él "absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria", de modo que no ha disminuido el riesgo de fuga, máxime con los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.

Para el juez instructor, el riesgo de fuga de Villarejo no se puede entender disminuido por el mero hecho de haber transcurrido nueve meses desde su ingreso en prisión provisional. Hay que tener en cuenta la existencia de activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero, así como la existencia de líneas de investigación abiertas "que deben de seguir aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional del investigado".

El juez habla asimismo de "incautaciones de material documental e informático en los registros practicados y la pendencia de comisiones rogatorias en el extranjero en distintos países".

Liderazgo acreditado

A todo ello se une que Villarejo presenta una actuación principal en los hechos que se investigan "tanto por su intervención medular" como por la "intensa repercusión que por su propio liderazgo ha tenido en cada uno de dichos periodos".

En todos ellos, la investigación está acreditando el modo en el que el comisario ahora jubilado realizaba "informes de consultoría, de inteligencia, de vigilancia y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes de sumas de dinero", utilizando para todo ello el Grupo Empresarial CENYT.

Se ha de presuponer, continúa el juez, que los fondos entregados "terminaran su recorrido lícito o ilícito para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de distintos países como las repúblicas de Uruguay y de Panamá, suponiendo con ello la repatriación de los fondos recibidos".

Así, los hechos investigados podrían ser calificados según el juez, e indiciariamente, de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales --todos ellos derivados de la causa principal--, a los que tenemos que añadir indicios racionales de la participación del comisario "en nuevas infracciones penales como son el delito de descubrimiento y revelación de secretos y el delito de extorsión".

Autorización de la Policía 

En su escrito de defensa, el abogado de Villarejo aseguraba por contra que no existen razones para mantenerle en prisión, ya que no va a huir porque está "convencido de su inocencia". Y añade que sus actividades mercantiles --por las que se le investiga en diferentes piezas del sumario-- estaban "autorizadas materialmente por sus superiores" en la Policía.

Sobre Rafael Redondo, el juez De Egea explica que se le investiga como coautor de delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal, y considera que en este momento es proporcional mantener su situación de prisión, pero eludible con fianza de un millón de euros.

A este abogado se le investiga como coautor en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales desde su puesto de hombre de confianza de Villarejo. Es decir, de actuar con herramientas dirigidas a ocultar activos que procederían de actividades ilícitas en el extranjero, así como a mejorar toda la estructura societaria CENYT.

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