LAS CLOACAS POLICIALES

La Audiencia Nacional investiga también a Corinna por un encargo a Villarejo

La princesa Corinna zu Sayn Wittgenstein, a su llegada a los premios Laureus en Barcelona, en mayo del 2006.

La princesa Corinna zu Sayn Wittgenstein, a su llegada a los premios Laureus en Barcelona, en mayo del 2006. / periodico

Ángeles Vázquez

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En la pieza abierta por las grabaciones de la reunión mantenida entre la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el excomisario José Manuel Villarejo en Londres en el 2015, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción tienen mucho que investigar. También si la expareja del Rey emérito encargó a Villarejo asesoramiento ante una investigación de Hacienda a la familia británica Goldsmith por una finca en Ronda. Uno de los miembros, Zac Goldsmith, concurría por el partido de David Cameron a las elecciones de mayo de ese año, y el interés de Corinna y del expresidente de Telefónica Juan Villalonga, también presente, era cerciorarse de que el problema fiscal no supusiera un hándicap en su carrera, según un audio adelantado por Vozpopuli.

La investigación, en la que la princesa no está imputada, al menos de momento, se juega en la pieza llamada "Carol", nombre con el que excomisario se refería a Corinna. Fuentes fiscales recuerdan que se abrió tras un informe de Asuntos Internos de la Policía que apuntaba al contenido "de apariencia ilícita" de la grabación, y señalan que aún debe ser analizada para certificar que es auténtica. Comprobado ese extremo se determinará si los hechos mencionados, en los que Corinna atribuye cuentas en Suiza al Rey emérito y le acusa de utilizarla como testaferro, son costitutivos de delito y si no han prescrito.

Las mismas fuentes apuntan a que esas comprobaciones deben hacerse en relación con el encargo de Corinna a Villarejo, para ayudar a su amigo con su entramado empresarial, pero también respecto a otras personas afectadas, entre ellas, el Rey emérito, que, en su caso, solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado desde que abdicó y perdió la inviolabilidad que conlleva la corona.

Por orden del Estado

Este jueves, el excomisario Villarejo esgrimió ante el juez la explicación que viene utilizando para tratar de desvincularse de las prácticas delictivas que se le atribuyen: que él actuaba en nombre del Estado para intentar mediar en los problemas existentes entre el Rey emérito y CorinnaCorinna, según fuentes jurídicas.

Preguntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el escándalo que han supuesto las grabaciones hechas públicas por Okdiario y Elespañol, se ha limitado a decir: "El Gobierno no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia del director del CNI (este miércoles en el Congreso). Que no haya ninguna duda: no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado".

Villarejo, imputado por cohecho, organización criminal y blanqueo en la causa en la que se investigan las cloacas policiales, solo contestó a las preguntas del juez De Egea y de su defensa, aunque rehusó responder a las más comprometidas. Se le interrogó en la pieza "Carol" y en la relativa al comisario Enrique García Castaño, imputado bajo la acusación de proporcionar al propio Villarejo, a cambio de dinero, información que obtenía a través de medios policiales de las personas que este tenía bajo seguimiento.

En ambulancia

El excomisario, que intentó anular la citación alegando problemas de espalda, llegó en ambulancia a la Audiencia desde la prisión de Estremera en la que está internado desde noviembre del año pasado. Su justificación casa mal con que esta misma semana el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, haya declarado en una querella por injurias a la institución que ha sido presentada contra el propio excomisario.

Los audios, que forman parte de la ingente cantidad intervenida en los registros de la operación Tándem, se intervinieron en el domicilio del abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo. El propio excomisario les otorgó veracidad al desvincularse de su filtración en un comunicado en el que insinuaba que provenía de la policía que examinaba las grabaciones. Añadía que se había "opuesto continuamente al volcado y análisis de los discos duros hallados en las viviendas de El Montecillo y de Estepona".