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LA CAUSA DEL 'PROCÉS'

El Supremo teme que aceptar la entrega de Puigdemont le permita ser 'president'

Las defensas de los presos retan a la nueva fiscala del Estado pidiendo de nuevo su libertad

El abogado del expresidente de la Generalitat reclama al ministerio público que modifique las acusaciones

Ángeles Vázquez J. G. Albalat

Las defensas de los líderes independentistas presos han emplazado hoy a la Fiscalía a revisar la imputación de rebelión y el encarcelamiento preventivo. / FERRAN SENDRA (EFE VÍDEO)

Solo el juez Pablo Llarena puede decidir si acepta la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont limitada a malversación o la rechaza para evitar el agravio que supondría que el superior jerárquico de los procesados por rebelión, malversación o desobediencia se libre de responder por el principal delito. Mientras adopta esta decisión crucial para el devenir del juicio del 'procés', en el Tribunal Supremo se barajan todos los escenarios. El primero de ellos cuenta con el hándicap de que si el 'expresident' llega a España para ser juzgado solo por malversación, podría incluso acabar siendo investido presidente de la Generalitat.

En el caso de que Llarena aceptara la entrega de Puigdemont con la limitación impuesta por Alemania dejaría de estar procesado por rebelión, lo que supondría levantarle la suspensión de funciones que se le aplicó por el 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. Se podría pensar que este levantamiento solo supondría que tuviera delegado el voto, porque el 'expresident' iría de cabeza a la cárcel por fugarse y enfrentarse a una pena que puede llegar a los 12 años de prisión, pero, como la malversación es un delito patrimonial, aportando el dinero supuestamente malversado, se entendería reparado el daño y sería excarcelado. Además, la Assemblea Nacional Catalana aportó la fianza de 2,1 millones de euros impuesta a los procesados por malversación para cubrir su responsabilidad civil.

Y una vez en libertad y con plenas funciones como diputado nada impediría que el Parlament celebrara un debate de investidura para elegirle presidente de la Generalitat. La acusación que ejerce Vox ya ha pedido al juez que rechace su entrega y la del resto de huidos, si es con limitaciones.

Presión y unidad

Mientras tanto, el varapalo de Alemania ha espoleado a las defensas para plantear una ofensiva cuyo objetivo es poner a prueba al Tribunal Supremo y a la nueva fiscala general del Estado, María José Segarra. Los letrados de los reclusos han retado en bloque a la acusación pública a revisar la imputación por rebelión y la prisión preventiva, ante el "nuevo contexto" que, entienden, se abre con el cambio de Gobierno y la resolución alemana.

Los abogados de los nueve procesados presos han comparecido juntos este viernes para anunciar que pedirán al Tribunal Supremo su excarcelación. Es quizá el último cartucho que les queda antes de la celebración del juicio y entienden que la decisión alemana les aporta un nuevo argumento. 

"Invitamos a la fiscalía para que se acoja a esta oportunidad y recupere así el prestigio que está perdiendo internacionalmente", revirtiendo "una injusticia manifiesta", dijo Andreu van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Xavier Melero, de Joaquin Forn y otros acusados, apostilló que "la decisión alemana merece una reflexión de los profesionales de la justicia", mientras que Jordi Pina, de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, admitió que la resolución del tribunal germano "ayuda a reforzar los argumentos" que siempre han alegado sobre la inexistencia del delito de rebelión. "No hubo actos violentos. Se está criminalizando la movilización ciudadana", sentenció Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart.

Todos los abogados al unísono negaron estar buscando un pacto con la fiscalía para rebajar la petición de pena para sus representados. Melero aseguró: "Planteamos un mínimo denominador común: la prisión es injusta y no existe ni rebelión, ni sedición, ni malversación". Por lo tanto, no "es posible, ni deseable" un acuerdo, insistió. 

Margen de maniobra

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, desde RAC-1, también emplazó a la fiscalía a modificar la acusación tras la resolución alemana: "Antes decíamos que la nueva fiscala general del Estado tenía poco margen de maniobra, pero ahora no solo lo tiene sino que se le impone". Además, confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional alemán, que se pronunciará en un plazo de dos a cuatro meses. Un discurso muy similar entonaron el vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economía, Pere Aragonès, y la 'consellera' de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi.  

La ofensiva de la defensa se extiende a intentar anular la suspensión de sus funciones de los diputados. Sànchez, Turull y Rull recurrieron este viernes la medida, porque causa "perjuicios desproporcionados" a los electos y a sus votantes y "significa modificar las mayorías parlamentarias".