El Supremo inicia la cuenta atrás para juzgar el 'procés' como tarde en enero

El Tribunal Supremo tiene un objetivo claro: celebrar lo antes posible el juicio contra los líderes del 'proces' acusados de rebelión, malversación o desobediencia. Pero se ha topado con que defensa parece ahora interesada en retrasarlo, pese a que nueve de los 25 procesados están presos.

El juez Pablo Llarena debe dar por concluida la instrucción, una vez que dé respuesta a los 13 escritos presentados por las defensas para pedir nuevas diligencias cuando el magistrado les comunicó que por él estaría terminada tras tomar declaración a Joaquim Forn y a los testigos solicitados por el exvicepresidente Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva.

La abundante petición de prueba lleva a pensar a las fuentes consultadas en el alto tribunal que la estrategia de los procesados ha pasado de querer acabar cuanto antes con la causa por rebelión, con el fin de dirigirse a la justicia europa, a intentar retrasar todo lo posible la vista oral. No obstante, las mismas fuentes apuntan a que, aunque se admita alguna, la testifical se podría realizar en el propio juicio y este podría celebrarse antes de navidades o como tarde en enero.

El procedimiento transcurrirá independiente a la suerte que corra la petición de entrega del expresidente Carles Puigdemont, ya que solo se le incluirá, si Alemania la concede por rebelión. Si no fuera así, la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes permitirá dejarle en un limbo que le impediría cambiar de país sin riesgo a la reactivación de la reclamación y sin opción de regresar a España en 20 años.

Mientras tanto este lunes comenzó a correr el plazo de dos días para que tanto él como el Govern que declaró la independencia abonen la fianza de 2,1 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados. En esta ocasión, se trata de una responsabilidad personal que no puede ser abonada por la caja de solidaridad de la ANC y Òmnium. Si no pagan, se procederá al embargo de los bienes de los procesados por malversación.

Suspensión de cargo público

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La otra decisión que está sobre la mesa del juez Llarena es la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la suspensión automática de los procesados en firme por terrorismo o rebelión que se encuentren en prisión o tengan dictada esta medida. Ello afecta a siete de los procesados, cinco de ellos presos. Se trata de Junqueras y los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Rull y Josep Turull, así como del expresidente de la Assamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez. 

La suspensión de los huidos Carles Puigdemont y Toni Comín, al no tener delegado el voto, no tiene tanta trascendencia. La medida no afecta a Meritxell Serret, delegada del Govern ante la Unión Europea, ya que no fue procesada por rebelión.