Torrent buscará un pacto con los grupos sobre los lazos amarillos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, buscará consensuar con los grupos parlamentarios una solución para resolver la polémica de los lazos amarillos en el hemiciclo, tras el rifirrafe del pasado viernes durante el pleno.

Los independentistas volvieron a colocar lazos amarillos en los escaños del Govern, uno de ellos ante la bancada del grupo de Ciudadanos, por lo que su portavoz, Carlos Carrizosa, lo retiró por dos veces, lo que conllevó que Torrent suspendiera la sesión tras un rifirrafe dialéctico entre ambos.

El pleno se reanudó después de que Torrent acordara con los portavoces parlamentarios que dicho lazo amarillo se situara en la parte izquierda de la primera fila del hemiciclo, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Cs pide informe jurídico

Según fuentes parlamentarias, en la reunión de la Mesa del Parlament de esta mañana se ha abordado una petición por escrito de Ciudadanos para que se solicitara un informe jurídico a los letrados de la Cámara sobre la presencia de símbolos en el hemiciclo.

La mayoría de la Mesa -en manos de JxCat y ERC- ha desestimado esa petición, alegando que se trata de una "cuestión política", pero en todo caso el presidente del Parlament se ha comprometido a consensuar con los grupos una solución a esta polémica, a través de un acuerdo mayoritario.

En caso de que no se logre un acuerdo de consenso, entonces sí Torrent solicitará un informe jurídico a los letrados del Parlament, según dichas fuentes.

Neutralidad

Al margen de la actuación de Torrent, el grupo de Ciutadans ha registrado este martes una propuesta de resolución para que se respete la "neutralidad" en la Cámara, que ven "vulnerada" por la colocación de lazos amarillos en los escaños.

En la propuesta de resolución, difundida por Europa Press, señalan que las instituciones públicas tienen el deber de mantener "estrictamente" la neutralidad política en sus actuaciones y que deben guiarse por la búsqueda del interés general de toda la ciudadanía.

Inciden en que hay resoluciones de Tribunal Constitucional que subrayan que las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, "no gozan del derecho fundamental de la libertad de expresión".

Por lo tanto, defienden que, cuando existe una colisión de derechos, "el derecho que prevalece en la institución pública es el de neutralidad".