DECISIÓN JUDICIAL
La fiscalía denuncia a nueve profesores por humillar a hijos de guardias civiles tras el 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
El fiscal contra el odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha presentado una denuncia en los juzgados de Martorell contra nueve profesores del Instituto El Palau de Sant Adreu de la Barca por un delito contra la diginidad de las personas por motivo de discriminación por nacionalidad, al haber vertido al día siguiente del 1-O expresiones supuestamente humillantes hacia los alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil. Cinco de esos docentes están acusados también de injurias graves a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
"¿Estarás contento con lo que ayer hizo tu padre?", le espetó uno de los acusados al hijo de un miembro del instituto armado de 12 años. Otro dijo a sus alumnosque no estaba en disposición de dar "clases normales por lo acontecido en el día de ayer, que la policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos". "Los guardias civiles son unos animales, solo saben dar palos", afirmó una docente. "Qué levanten la mano los hijos de los guardia civiles", reclamó un maestro. Y todo ello ante la presencia de hijos de guardias civiles. Los denunciados exigieron el 2 de octubre a los alumnos que debían bajar al patio para hacer un acto de protesta y condenar las cargas policiales
Clima de tensión
La denuncia enumera los actos de "profunda hostilidad" organizados por sectores independentistas contra la Guardia Civil tras la suspensión del referéndum. La fiscalía destaca que el instituto armado fue "objetivo de la ira" de "una parte de sociedad catalana" cada vez que realizaba acciones "en cumplimiento de sus deberes legales" y de órdenes judiciales recibidas para impedir el 1-O. Así expone concentraciones en la puerta de los cuarteles, los altercados el 20 de septiembre del 2017 durante el registro de la Conselleria d'Economia, el lanzamiento de artefactos incendiarios contra dependencias del cuerpo y la expulsión de los agentes en Calella.
Esa "hostilidad" no solo se dirigió contra el instituto armado, sino también "contra todo aquello que represente España o defienda su unidad". En este contexto, los profesores denunciados, sostiene la fiscalía, siendo conscientes del clima de "rechazo social" contra la Guardia Civil y de "la gran polarización" que afectaba a la sociedad catalana y española por las "tensiones" del proceso independentista, humillaron a los hijos de los agentes que residen en Sant Andreu de la Barca.
La fiscalía destaca que los docentes rompieron "los principios rectores del sistema educativo", como son "los deberes que se derivan de la Constitución, del Estatut y del resto de la legislación vigente". En su actuación, además, vulneraron el principio de inclusión escolar, la "cohesión social", así como la exclusión de cualquier tipo de proselistimo o "adoctrinamiento y el respecto a la convivencia".
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