Griñán alega que ni conocía el plan de ayudas por los ERE

El plato fuerte del 'caso ERE', el escalón más alto de la pirámide que tanto se esforzó por trepar la jueza Mercedes Alaya, llegó este miércoles, cuatro meses después del inicio de la vista que enjuicia a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por haber implantado un sistema inadecuado para pagar ayudas sociolaborales de forma discrecional y opaca.  Como ya hiciera en anteriores declaraciones, el expresidente José Antonio Griñán se desentendió de la gestión realizada por la Consejería de Empleo a la hora de pagar las prestaciones supuestamente fraudulentas y reiteró que nunca supo de las presuntas irregularidades porque no le llegó informe alguno de intervención que le motivara a echar el freno. Es más, alegó que ni siquiera conoció el plan de ayudas hasta que estalló el caso.

Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel por un delito de prevaricación, rompió hace tres años el carné del PSOE, con el que lo fue todo: ministro, diputado, consejero y presidente autonómico, senador y presidente del partido. Dimitió como responsabilidad política por el caso, y aunque el partido le excluyó durante un tiempo, ahora le reivindica como ejemplo frente a otros casos, recordando que no se llevó dinero a su bolsillo. El secretario general socialista, Pedro Sánchez, expresó su deseo de que "se haga justicia" y tenga "la mejor de las defensas posibles", pero sin alabar expresamente su honestidad como otras veces.

El expresidente andaluz se abonó, al igual que otros imputados, a la tesis de los compartimentos estancos de la Junta. Su labor como consejero de Hacienda se limitaba, dijo, a cuadrar los programas de presupuesto y vigilar el volumen de gasto corriente y la inversión, pero no de la ejecución de gasto de cada departamento. "No alcanzaba tanto detalle", dijo, asegurando incluso que, como el resto del Ejecutivo, no conocían el destino de las ayudas ni a los beneficiarios. No se enteró, aseguró, de la existencia de la partida 31-L, dotada con 741 millones durante una década -y que el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero calificó de "fondo de reptiles"-, hasta que saltó el escándalo.

Fórmula "inocente"

Y es que, dijo, esa partida representaba un porcentaje "insignificante" de apenas el 0,3% en Empleo, mucho menos respecto a los 30.000 millones de presupuesto anual andaluz. Negó además que causara un agujero presupuestario, ya que "el gasto comprometido siempre fue inferior al crédito disponible", y llegó a defender "inocencia" de la fórmula de la transferencia de financiación, el sistema para el pago de los fondos cuestionado por la instrucción, porque "no reconocen ninguna subvención", sino que solo abona un pago reconocido por Empleo. Ni siquiera la Cámara de Cuentas puso "tacha" a la legalidad de ese programa de ayudas.

Mucho más sereno que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien rechazó contestar al presidente de la sala por "sentirse asustado" ante las contradicciones de sus distintas versiones, Griñán se explayó como un profesor sobre el origen de la normativa estatal que los acusados  dicen que amparan las ayudas.

"Debilidades"

La fiscalía le acusa de no poner coto a ese sistema inadecuado, pero el expresidente reiteró que nunca pudo hacerlo de motu propio sin que Intervención emitiera un informe de actuación. Nunca llegó, aseguró, explicando que sí se reconocieron "debilidades" en las ayudas de Empleo que se pagaban a través de un ente público, pero no se estimaron tan graves como para pedir la actuación directa del consejero de Hacienda. De ahí que los reparos solo llegaran a la consejería correspondiente, no a la suya.

Terminada su declaración, el lunes será el turno de Manuel Chaves, presidente andaluz durante 19 años.