El juez deja libre a Falciani con férreas medidas mientras se tramita la extradición pedida por Suiza

El exasesor informático Hervé Falciani ha comprobado este jueves que las cosas en la Audiencia Nacional pueden no ser como en el 2013, cuando el tribunal rechazó extraditarle a Suiza. El magistrado Diego de Egea le ha dejado en libertad, mientras se tramita la orden de extradición cursada por la condena de cinco años que los tribunales helvéticos le impusieron en rebeldía, pero con unas inusuales y férreas medidas cautelares que restringen sobremanera sus movimientos, ya que le obligan a solicitar autorización judicial para poder salir de la localidad española en la que reside.

Y aún podría haber sido peor, porque, a diferencia del criterio mantenido por el ministerio público hace cinco años, cuando se opuso a la entrega, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió este jueves para él prisión incondicional. De Egea le impuso comparecencias semanales y extendió la prohibición de salir de la localidad al alcalde, para que la policía local vigile a diario su domicilio. Para hacer efectiva la prohibición de salir del país, el juez pide a los embajadores de Francia e Italia que no le renueven ni faciliten nuevos pasaportes. 

El Gobierno niega que la detención de Falciani sea un intercambio por Marta Rovira

La fiscalía justifica la petición de prisión incondicional con el riesgo de fuga y la "complejidad del asunto", que requiere estudiar en profundidad cuál es el objeto real de extradición. Si fuera, como parece, el mismo por el que la Audiencia Nacional ya rechazó su entrega, fuentes fiscales señalaron, tras conocerse el arresto, que debería ser rechazada por una figura equivalente al de cosa juzgada. Según el auto del magistrado, la reclamación ahora se formula por "servicio de información económica agravada" o espionaje industrial, pero se refiere a la lista a la que dio nombre en la que identificó a 130.000 clientes del HSBC que podrían haber cometido fraude fiscal, entre ellos, 657 españoles.

Temor a intereses políticos

El ministerio público apela en una nota a "la reciente orden internacional de detención suiza", pero en el formulario de la oficina de cooperación policial Sirene aparece dictada el 24 de febrero del año pasado e incorporada al sistema el 3 de mayo; según fuentes policiales, la orden de detención no llegó a la policía española hasta el pasado 19 de marzo. Estas circunstancias llevaron al abogado Manuel Ollé a plantear ante el juez su temor a la existencia de intereses políticos tras el arresto, por encontrarse supuestamente en Suiza la número dos de ERC, Marta Rovira. El magistrado le conminó a utilizar valoraciones jurídicas. La defensa recordó la colaboración de Falciani con la justicia española y el principio de cosa juzgada.