La Audiencia imputa al jefe de Trapero y al segundo del exconseller Forn

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado este miércoles al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler -quien fue jefe político del mayor Josep Lluís Trapero- y al exsecretario general de Interior Cèsar Puig -segundo del 'exconseller' Joaquim Forn- en relación con la actuación de la policía autonómica en el referéndum unilateral del 1-O. La magistrada, que ha citado a ambos para el 9 de marzo, ha adoptado esta decisión a petición de la fiscalía, que la pasada semana le pidió ampliar la investigación.

Si bien la jueza no precisa el delito por el que les llama a declarar, la citación de Soler y Puig se enmarca en la causa abierta por sedición en la que ya investiga a Trapero -que ha declarado tres veces ante Lamela y tiene impuestas medidas cautelares como la prohibición de salir de España- y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

En el auto de citación, la jueza acuerda también levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga el intento de los Mossos de quemar pruebas en una incineradora, y decide enviar al TSJC, como pedía la Fiscalía, la parte correspondiente a la vertiente política de estas actuaciones y que afecta al CESICAT, "pretendido CNI catalán".

El fiscal pidió ampliar la imputación a Soler y Puig por su "decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento", que hasta ahora se había ceñido a las protestas ante de la Conselleria d'Economia del 20 de septiembre. El ministerio público cree que la "inacción" de los Mossos "siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente Cèsar Puig", contando con el apoyo también de Trapero. Como prueba de ello, aporta incluso declaraciones de Soler a favor del 1-O e incluso un tuit en el que afirmó que "el ordenamiento jurídico [de los Mossos] no se acaba con la Constitución Española." "Su colaboración en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación", agrega.

Medidas cautelares

En cuanto a la petición que hizo el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo de declarar la causa compleja, lo que implica que la investigación puede prorrogarse más allá de los seis meses hasta un máximo de 18, Lamela acuerda conceder un plazo de dos días a las partes para que se pronuncien al respecto. El pasado viernes la jueza tomó declaración por tercera vez a Trapero y le dejó en libertad con las mismas medidas cautelares que ya le había impuesto, pese a que la Fiscalía pidió que se le impusiera una fianza de 50.000 euros por la imputación de un segundo delito de sedición por el 1-O y el riesgo de destrucción de pruebas.

La Fiscalía motivó su petición en dos reuniones que mantuvo el 26 y el 28 de septiembre Trapero con el expresidente Carles Puigdemont, Forn y Junqueras de cara al referéndum y que ocultó en sus anteriores declaraciones, extremo que su defensa negó y alegó que en un escrito en diciembre ya mencionaron esos encuentros al pedir la testifical de los intervinientes.