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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno insiste en que garantizará el derecho al castellano, pero aún no sabe cómo

Méndez de Vigo quiere combinar el modelo actual con "la libertad" de las familias de poder elegir

El PSOE y Podemos lamentan el uso de la lengua en plena intervención de la Generalitat por el 155

Pilar Santos

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo a su llegada a la rueda de prensa. / Angel Diaz (EFE) / ÁNGEL DÍAZ (EFE) / ATLAS VÍDEO

"No es un globo sonda", se quejó ante una de las preguntas el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. El nerviosismo por el avance de Ciudadanos y también por un 155 más largo de lo deseado están provocando que cualquier propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy estas semanas se interprete con esos dos prejuicios. En la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de los viernes, el también portavoz del Ejecutivo no pudo aclarar cuáles son sus planes para garantizar que las familias puedan escolarizar en castellano a sus hijos en Catalunya el próximo curso.

Méndez de Vigo considera que su ministerio, del que dependen las competencias de la 'conselleria' en virtud del 155, está en la obligación de intentar garantizar "la libertad" de las familias para elegir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos, pero no pudo explicar la manera en que lo hará. "Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos", apuntó. 

El ministro subrayó que la voluntad del Ejecutivo no es cambiar ni el sistema educativo catalán ni el modelo lingüístico, sino garantizar el cumplimiento de las sentencias Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En enero del 2014, cuando la LOMCE ya estaba en vigor, un fallo del TSJC dio cobertura a las familias que rechazaban el sistema de atención individualizada que recibían por haber pedido la escolarización en castellano y el juez obligó a la Generalitat a que el 25% de los contenidos del curso se impartieran en castellano. El 25% fue la cifra decidida por el tribunal para hacer cumplir la expresión "en porcentaje razonable" que señala la LOMCE. Esa medida extraordinaria se aplicó en una docena de centros educativos.

Méndez de Vigo no quiso hacer ninguna referencia a la posibilidad de que ese 25% se extienda a todas las escuelas ni opinar sobre si prefiere la "casilla lingüística" en el formulario de inscripción. "Lo vamos a estudiar", insistió una y otra vez. Tiene un margen máximo de cuatro semanas, puesto que las preinscripciones suelen empezar a mediados de marzo. 

Respeto a las sentencias

El ministro se rebeló ante las preguntas sobre si el Gobierno se está extralimitando al aprovechar el 155 para un cambio de este calado. "Incurriría en flagrante contradicción no intentar arreglar un formulario de preinscripción que mi ministerio ha recurrido en los tres últimos cursos", se defendió. El portavoz dijo que el Ejecutivo no se está extralimitando porque no aspira a cambiar la ley de Educació aprobada en el Parlament en el 2009 (en la que se consagró el catalán como lengua vehicular) sino que quiere "combinar" el modelo actual y el respeto a las sentencias.  

Tanto Podemos como el PSOE lamentaron que el Ejecutivo plantee una iniciativa así en plena intervención. Y Ciudadanos, en plena competición con el PP, avisó de que estará atento y de que trabajará por que Rajoy pase "de las palabras a los hechos". 

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