Ir a contenido

Rajoy estudia tirar del 155 para torpedear la inmersión lingüística

Entre las medidas educativas que sopesa el Gobierno está incluir el castellano como lengua vehicular en Catalunya

Sáenz de Santamaría lo justifica por el inmovilismo de un Parlament "que parece cerrado por vacaciones"

María Jesús Ibáñez / Juan Ruiz Sierra

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo a su llegada a la rueda de prensa. / Angel Diaz (EFE) / ÁNGEL DÍAZ (EFE) / ATLAS VÍDEO

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo estudia la inclusión de una casilla que permita escoger el castellano como lengua vehicular en el formulario que rellenan los padres de alumnos en la próxima preinscripción escolar en Catalunya. Esto significa que las familias que lo soliciten podrán escolarizar a sus hijos en castellano, pese a que el modelo de escuela catalana apuesta por el uso del catalán como idioma para la enseñanza. La medida, anunciada por el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, amparada desde el 2014 por la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), no se ha aplicado nunca hasta ahora, pero esta vez podría llevarse adelante ya que es el Ministerio de Educación quien en estos momentos tiene las competencias en Catalunya, en virtud del artículo 155 de la Constitución.

El anuncio del número dos de Íñigo Méndez de Vigo podría ser, de llevarse finalmente a cabo, un torpedo directo a la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística vigente en las escuelas catalanas desde hace más de 30 años. Pese al consenso que existe en la comunidad educativa a favor de este sistema, que pedagogos, sociólogos y maestros consideran integrador y cohesionador, el modelo está siendo cuestionado desde hace alrededor de una década: primero, por parte de algunas familias de estudiantes; luego por partidos del Parlament como Ciudadanos (que obtuvo sus primeros escaños haciendo bandera del castellano en la escuela) y, más recientemente, por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya intentó con la LOMCE que el castellano fuera lengua vehicular. 

"Lo que pretende Educación es del todo inviable, es como si el ministro de Fomento dijera que a partir del año que viene todas las carreteras serán de tres carriles... Es una medida imposible de aplicar de un curso para el otro", han advertido fuentes conocedoras del sistema educativo catalán. "¿Qué van a hacer? ¿Que unos colegios sean castellanohablantes y otros sean catalanoparlantes? ¿O que dentro de un mismo centro haya clases para unos y clases para otros? Eso sí que es segregar, porque al final esto significa que en el patio los niños castellanos acabarán jugando con otros castellanos y los catalanes con los catalanes", han denunciado las mismas fuentes.

Además, han recordado, "una opción lingüística no debería dar puntos a una familia a la hora de elegir colegio: no puede pesar más la lengua vehicular que, por ejemplo, la cercanía del colegio al lugar de residencia del niño o si este tiene una discapacidad", han agregado. 

Y aunque el secretario de Estado de Educación ha subrayado que el ministerio está todavía estudiando si esta tarea (la de colocar una casilla en los formularios de preinscripción) le corresponde al Gobierno por la aplicación del 155, las reacciones políticas y sociales contra semejante posibilidad han sido mayúsculas. Fuentes del ministerio han agregado que la decisión se dará a conocer en unas semanas, cuando se publiquen las fechas de la preinscripción escolar que suele realizarse entre finales de marzo y hasta mediados de abril

La petición inicial parte del colectivo Ames, que ha solicitado al ministro Méndez de Vigo que en los impresos de preinscripción incluya una casilla de opción lingüística, para que las familias que quieran matriculen a sus hijos a hacer clases en castellano. "Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas (para abrir el periodo de preinscripción)", ha concluido Marín.

Un Parlamento "cerrado por vacaciones"

También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará durante los meses de febrero y marzo nuevas medidas en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Según ha apuntado, se trata de actuaciones en los ámbitos de la educación y la función pública que "por calendario" hay que adoptar durante estas próximas semanas para que "ningún catalán se vea perjudicado sencillamente por el hecho de que este Parlamento parece que está cerrado por vacaciones y nadie hace nada", ha afirmado.

Aunque Sáenz de Santamaría no ha querido concretar el alcance de las iniciativas ni si irán más allá de la mera gestión, podría tratarse del anuncio hecho por el secretario de Educación sobre la próxima preinscripción escolar y también sobre los conciertos educativos, que deberían renovarse en los próximos meses. "El Gobierno con el 155 cumplirá su obligación de que la Administración funcione para los catalanes", se ha limitado a decir la vicepresidenta en declaraciones en los pasillos del Congreso. En lo relativo a la función pública, está pendiente la convocatoria de oposiciones para ocupar plazas de funcionario, sobre todo en el ámbito de la educación.

La número dos del Gobierno ha confirmado de esta manera las informaciones aparecidas en los últimos días en varios diarios, que anuncian el paquete de iniciativas ante el hecho de que el Parlament de Catalunya todavía no ha investido un presidente de la Generalitat y, por tanto, Catalunya sigue sin gobierno propio. "Las administraciones autonómicas, a partir del mes de febrero y marzo, tienen que adoptar un conjunto de decisiones importantes en el ámbito de la función pública o la educación, porque están muy marcadas por el calendario", ha dicho Sáenz de Santamaría, y "Catalunya no se puede paralizar porque no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley", ha concluido.

Los precedentes de la batalla lingüística en la escuela

Un apoyo en el aula para ayudar a quienes pedían castellano

Días después de la aprobación de la ley de educación de Catalunya (LEC), a finales del 2009, un grupo de familias abrió un frente judicial para exigir que se incluyera su "derecho a la libre elección de la lengua" en que querían que sus hijos se escolarizaran. Hubo sentencias del TSJC y del Supremo, unas a favor y otras en contra de la Generalitat, que recurrió todos los fallos que le fueron contrarios. Irene Rigau, consellera de Ensenyament a partir del 2011, optó porque los alumnos que pedían el castellano recibieran atención individualizada en el aula a cargo de un docente de refuerzo. Las familias rechazaron la medida porque consideraron que sus hijos quedaban señalados.

El 25% en una docena de colegios

En enero del 2014, justo cuando la LOMCE acababa de entrar en vigor, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dio la razón a las familias que criticaban el sistema de atención individualizada que recibían sus hijos por haber solicitado la escolarización en castellano y ordenó a la Generalitat que, en las clases en las que estuvieran esos niños, se impartiera un 25% de los contenidos en esa lengua, para asegurar "su presencia mínima como vehicular". Ajeno a cualquier criterio pedagógico, el tribunal consideró que ese era "el porcentaje razonable" al que se refiere la LOMCE en la disposición adicional 38. La medida, que se aplicó en una docena de centros educativos, fue recibida con duras críticas por parte del resto de familias, que consideraron que se vulneraba su derecho a escoger el catalán como lengua vehicular para sus hijos. 

Los 6.000 euros del ministro Wert, paralizados en los tribunales

El PP, que en su batalla contra la LEC no había cuestionado el modelo de inmersión lingüística (aunque sí otros capítulos de la ley), hizo suya la reivindicación del castellano, hasta entonces liderada por Ciudadanos. La LOMCE del ministro José Ignacio Wert, aprobada en el 2014, no consiguió imponer el castellano como lengua vehicular, entre otras cosas, porque no hay centros educativos en Catalunya que solo impartan clases en esa lengua. A cambio el ministro ideó un sistema de ayudas, de 6.000 euros de dotación, para escolarizar a los alumnos que escogieran esa opción. En tres años solo se han estimado 50 peticiones, pero estas están actualmente paralizadas por orden judicial.
 

0 Comentarios
cargando