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EL 'CASO 3%'

CDC recibió un millón de euros en donaciones ilegales cuando Mas lideraba el partido

La Guardia Civil remite al juez un informe con nuevos indicios sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència

La investigación incluye, según el documento, "otro tipo de pagos", entre ellos viajes y "eventos como cacerías"

J. G. Albalat

Artur Mas, en su comparecencia por su renuncia a la presidencia del PDECat.

Artur Mas, en su comparecencia por su renuncia a la presidencia del PDECat. / CARLOS MONTAÑÉS

El juez que instruye el 'caso 3%' ha incorporado al sumario de la investigación un informe entregado por la Guardia Civil a la fiscalía sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència en el que concluye que el partido nacionalista recibió 1.040.800 euros en donaciones ilegales entre el 2008 y el 2013. En la etapa final de ese periodo, a partir del 25 de marzo del 2012, el presidente de CDC era Artur Mas, quien había llegado a la presidencia de la Generalitat el 27 de diciembre del 2010.

Según dicho informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el mencionado periodo varias empresas adjudicatarias de la Generalitat realizaron donaciones a tres fundaciones vinculadas al partido. En concreto: CatDem, la Fundació Fòrum Barcelona y la Fundació Privada Òmnium.

La Guardia Civil ha analizado 24 adjudicaciones públicas de obras y servicios que fueron efectuadas tanto por la Generalitat como por ayuntamientos y entes públicos que en aquel momento estaban en manos de CDC. El monto final de esas licitaciones alcanzó un valor de 168,7 millones de euros, a los que hay que añadir otros 1,7 millones por la modificación de proyectos y 4,5 millones más por las correspondientes prórrogas.

Asimismo, el informe del instituto armado concluye que las donaciones a las tres fundaciones mencionadas entre el 2008 y el 2013 se gestionaron "bajo el principio de caja única en unión de la formación Convergència i Unió". Según declararon las entidades a la Agencia Tributaria, las donaciones a las tres fundaciones señaladas ascendieron en esos años a 10,3 millones de euros, de los que 1,04 millones están vinculados a "las licitaciones en fase de investigación", añade la Guardia Civil.

Entradas de fútbol y hoteles

En el informe también se subraya que existen "otro tipo de pagos", como entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos de hotel y "organización de otros eventos como cacerías". Asimismo, los investigadores resaltan que que una de las entidades beneficiarias de dichas mordidas, Òmnium Cultural, recibió una aportación de 40.000 euros a cargo de Xavier Millet, hermano del expresidente del Palau de la Música Fèlix Milletcondenado por la Audiencia de Barcelona a 9 años de cárcel por el saqueo de esta institución.

La sentencia del 'caso Palau' también fijó, el pasado 15 de enero, la condena a Convergència por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilegales por parte de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública. Poco menos de una semana antes, Mas había presentado su dimisión como presidente del PDECat, aunque aseguró que tenía pensado su "paso al lado" desde hacía meses para dar vía libre a su sucesor, Carles Puigdemont. El resto de partidos (ERC fue el único que evitó entrar en la polémica) explicitaron su incredulidad con ese argumento y vincularon la renuncia de Mas a las sentencias de corrupción que se le avecinaban a la formación nacionalista.

Petición de inhibición

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la semana pasada al juez de El Vendrell que instruye el 'caso 3%' que se inhiba de la causa a favor de la Audiencia Nacional. El ministerio público considera que "la sobresaliente cantidad de millones de euros que fueron objeto de concursos amañados" en la trama del 3% tuvo una "grave repercusión" en la economía española, y defiende que esta causa debería investigarse en la Audiencia Nacional al tener más medios para poder llevar a cabo los trabajos.

La fiscalía llevaba tiempo dando vueltas al traspaso de la causa, en la que se investigan presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo, malversación y fraude contra la Administración Pública. 

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