Anticorrupción pide enviar el 'caso 3%' a la Audiencia Nacional

Anticorrupción quiere que la presunta financiación irregular de CDC, destapada en el ‘caso 3%’, sea investigada en la Audiencia Nacional. El fiscal José Grinda ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) que se inhiba a favor del tribunal de Madrid por la complejidad del asunto. Sostiene que el fraude en las administraciones públicas catalanas detectado tiene una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y afecta a más de una Audiencia.

Cuando el juez Josep Bosch dé el visto bueno a la petición fiscal, la Audiencia Nacional asumirá una instrucción iniciada en 2015 a partir del amaño de un concurso para adjudicar un parking en Torrembarra, en el que se detectaron pagos del empresario Jordi Sumarroca al entonces alcalde, Daniel Masagué. De ese hilo se llegó a algo mucho más importante: pagos a CDC a través de donaciones a la Fundació CatDem, de la que era tesorero Andreu Viloca, puesto que también desempeñaba en el partido y en otras de sus fundaciones. 

Con la documentación intervenida, como la que trató de destruir en una trituradora, se comprobó que Viloca hacía un "control exhaustivo" de las adjudicaciones otorgadas por CDC, tanto en ayuntamientos, como a nivel provincial y autonómico, a través de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

El sistema era sencillo. Las empresas hacían donaciones a CatDem o a Forum Barcelona justo antes o inmediatamente después de la adjudicación que lograban. Para ello Viloca y después se supo que el ‘exconseller’ Germà Gordó, que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia por ser entonces aforado, se reunían con empresarios para concretar pagos y adjudicaciones, según declararon varios ante el juez.

Diligencias pendientes

La fiscalía llevaba tiempo dando vueltas a la posibilidad de que la Audiencia Nacional asumiera esta causa en la que se investigan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo, malversación y fraude contra la Administración Pública. Entre las diligencias pendientes está tomar declaración a algunos de los 18 arrestados el 2 de febrero del año pasado y que la Guardia Civil termine de examinar la amplísima documentación intervenida entonces.

También habrá que estudiar en detalle los resultados llegados de Andorra, en los que, según fuentes jurídicas, a priori no aparecen rastros de pagos en el extranjero.

Argumento fiscal

Que la causa acabara en la Audiencia Nacional fue el principal argumento utilizado por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo para oponerse a su revelo, propuesto por el anterior responsable de Anticorrupción, Manuel Moix, que tuvo que dimitió cuando se supo que tenía una participación en una empresa panameña a cuyo nombre figuraba un chalé familiar en la sierra madrileña.