Maniobra en Twitter con el Consorcio de Transportes
La justicia investiga si el gerente de la EMT madrileña cometió un delito contra la propiedad intelectual
Álvaro Fernández Heredia niega haber creado una cuenta y ha pedido el sobreseimiento de la causa
El gerente de la EMT / periodico
Por qué confiar en El Periódico El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha pedido a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, pudo cometer un delito contra la propiedad intelectual creando una cuenta no oficial en Twitter del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
El gerente ha explicado que no creó ninguna cuenta, que habría sido dada de alta por un colectivo con el fin de denunciar que el Consorcio no contaba con perfil en la red social. Además, tras ser citado a declarar como investigado, ha pedido el sobreseimiento de la causa porque entiende que no hay delito penal.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han explicado que el caso, adelantado por 'El País', parte de una denuncia del propio Consorcio de Transportes, que detectó la existencia de una cuenta no oficial en Twitter del organismo, que usaba su logo y su imagen sin permiso.
Denuncia ante la Policía
El Consorcio procedió a denunciarlo ante la Policía Nacional por si pudiera estar cometiéndose un delito contra la propiedad intelectual, sin saber quién podría estar detrás de la misma, han informado fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad.
Según las mismas fuentes, la Policía dio traslado del caso a la Fiscalía, que lo llevó a los tribunales. Desde el TSJM han explicado que la denuncia fue incoada el pasado 19 de mayo de 2017 por parte del Juzgado número 13, que abrió diligencias y que el pasado viernes dio traslado a la Fiscalía de la petición de archivo de la denuncia por parte del gerente, que no ha llegado a declarar como investigado porque el juez anulo la citación tras el recurso presentado por el afectado.
El mismo juzgado pide también a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de que haya delito contra la propiedad intelectual y, paralelamente, ha dado traslado de la situación al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad, por si estuviera interesado en personarse en la causa abierta.
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