COMUNIDAD DE MADRID

Cifuentes convoca a la oposición a un acuerdo de transparencia tras no remitir las actas del Canal

La presidenta de Madrid dice que no tenía "manera humana" de conocer la decisión sobre las actas: "Fue una negligencia administrativa"

Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes / periodico

Europa Press

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha convocado este lunes a la oposición para elaborar un Pacto por la Regeneración Democrática y la Transparencia para todos los cargos políticos, que girará en torno a los dos proyectos de ley en la materia propuestos por el Gobierno regional y a la creación de un código ético "unificado para todos los partidos". El anuncio se produce en medio de la polémica por la no remisión de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el 'caso Lezo', a la oposición ya que el documento se traspapeló.

La dirigente madrileña ha anunciado que en los próximos días convocará a los partidos con representación parlamentarias a una reunión en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, con el fin de poner en marcha un Pacto por la Regeneración Democrática y la Transparencia. "Queremos articular una propuesta definitiva de todas las fuerzas políticas, y vinculante para todas ellas, que sea fruto del consenso, como lo fue la Constitución del 78", ha indicado. Para Cifuentes, este pacto podría servir de modelo para "un gran acuerdo nacional, que acabara de una vez con la doble moral y los diferentes criterios éticos que se aplican a unos mismos hechos, dependiendo de a qué partido pertenezca su autor".

Asimismo, propondrá también la creación de un Comité de Ética y Transparencia, con representación de todos los partidos, cuyas funciones principales serían además las de garantizar el cumplimiento del Pacto, y regular otros aspectos, como las causas de renuncia voluntaria o la obligación de presentar las declaraciones de adhesión a las normas establecidas en dicho Pacto.

Sus explicaciones por el Canal

Además, ha asegurado que ella no tenía "manera humana" de conocer la decisión del juez y ha defendido que fue "una negligencia administrativa, no política". También ha recordado que a lo largo del fin de semana el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha dado "reiteradas explicaciones" pero que ella no tiene "problema en explicarlo de nuevo".

"Si por algo se caracteriza este Gobierno es que estamos colaborando en todo momento y siempre con la Justicia en todo lo que nos ha requerido, tanto es así que el propio origen de estas peticiones, el 'caso Lezo', está siendo investigado por la Justicia porque hemos sido nosotros quienes lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía en el momento en el que se vio la existencia de irregularidades.", ha recordado. Por ello, considera que "está fuera de duda" su interés primordial por colaborar.

Más allá de eso, ha indicado que ya se han mandado a la Asamblea de Madrid "más de 700 documentos" relacionados con esto, pero faltaban "unos 60 que no se mandaron porque la Abogacía General consideraba que no se debían de mandar".  Por ello, el entonces viceconsejero de Presidencia, Enrique Ruiz, hizo una consulta al juez para ver si dichos documentos estaban dentro del secreto de sumario. Esto se hizo con fecha del 1 de agosto y no les constaba respuesta porque se recibió una providencia que llegó por fax a una Subdirección General de la Abogacía de la Comunidad, en la que el responsable se encontraba de vacaciones. 

A la vuelta, ha expuesto Cifuentes, éste comete "no solo un error sino una negligencia administrativa grave" ya que se le traspapela el documento, por lo que el Gobierno regional "no tiene conocimiento" hasta este viernes. Por ello, "ya ha sido cesado". Siendo ahora conscientes, "a lo largo del fin de semana se ha estado recabando esa información que hoy mismo" se va a remitir a la Asamblea de Madrid.

En cuanto a la petición que registraran desde los grupos de la oposición en la Asamblea para su comparecencia sobre esta cuestión, la también presidenta del PP ha señalado que ellos saben que están colaborando "mandando la documentación de manera permanente".  Estas explicaciones no han convencido a PSOE y Podemos.