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BLOQUEO EN EL CONGRESO

Rajoy regatea con los estatutos

El PP acelera la reforma del la Carta Autonómica canaria (2015) mientras dilata la valenciana (2011)

Les Corts piden a la presidenta del Congreso que no permita ni una prórroga más a las 43 que acumula ya

Iolanda Mármol

Ana Oramas (CC) conversa con Cristóbal Montoro en el Congreso.

Ana Oramas (CC) conversa con Cristóbal Montoro en el Congreso. / JUAN MANUEL PRATS

Mariano Rajoy maneja dos velocidades en el Congreso de los Diputados. Hay iniciativas que se tramitan con relativa agilidad y otras que languidecen varadas en trámites parlamentarios que el PP ha aprendido a dilatar como mecanismo para amordazar a una Cámara en la que ya no puede imponer su vieja mayoría absoluta. En casos como el de las reformas de los estatutos de autonomía se da la circunstancia de que los proyectos de los grupos que le apoyaron en la investidura y en los Presupuestos tienden a 'sorpassar' a los de sus adversarios políticos.

El ejemplo más flagrante es la modificación del Estatuto de Canarias, que fue planteada en abril de 2015 y ha conseguido adelantar en el trámite parlamentario al de la Comunidad Valenciana, que entró en 2011 en el Congreso. Siguiendo los mismos pasos, también la modificación de la Carta Autonómica de Murcia puede avanzar a la valenciana.

Las autoridades afectadas lo consideran un agravio comparativo y antes de vacaciones de Navidad Les Corts enviaron una carta a la presidenta del Congreso para que tome cartas en el asunto e impida a los populares seguir bloqueando la iniciativa. Ana Pastor (PP) respondió que no es su potestad y que son los grupos quienes deciden la suerte de cada iniciativa.

Cuatro años de ventaja para nada

La comparación entre autonomías es, cuanto menos, llamativa. La reforma que aprobó el parlamento canario (por mayoría de PSOE y Coalición Canaria y con el voto en contra del PP) llegó al Congreso en abril de 2015. En octubre del 2016 la formación de Ana Oramas respaldó la investidura de Rajoy y solo dos meses después el pleno (ahora con el voto favorable del PP) aprobó su toma en consideración, que es el primer paso del trámite parlamentario. El Gobierno ha contado con los apoyos de CC y también de Nueva Canarias para aprobar sus Presupuestos y confían en mantenerlo. Este mes de diciembre terminó el plazo de enmiendas y previsiblemente este febrero se votará la aprobación en la Comisión Constitucional. Luego irá al pleno y al Senado.

La reforma del Estatut de la Comunidad Valenciana corre peor suerte. Les Corts aprobaron la modificación en marzo del 2011, impulsada entonces por el PP regional y con el apoyo de todos los grupos salvo Esquerra Unida. En un contexto de crisis y con una reivindicación palmaria de que las inversiones del Estado sean proporcionales a la población, sin embargo, Rajoy hizo cuanto pudo por meterlo en el congelador. La crisis, admite el PP, pasó, pero los populares siguen frenando el trámite de la reforma en el Congreso para incomodidad del propio partido en València que sigue reivindicando el proyecto.

Está por ver qué sucede con la reforma del Estatuto de Murcia. La Asamblea regional la validó en abril, y en solo cinco meses ha llegado al mismo punto en el que se encuentra la valenciana: en el trámite de enmiendas.  La iniciativa la impulsa C's y no hace especial ilusión al PP, pero los populares necesitan al partido naranja porque por primera vez no cuentan con mayoría absoluta en la Cámara autonómica. De momento, los de Albert Rivera han respaldado los Presupuestos para 2018, de modo que difícilmente el PP puede bloquear abiertamente la reforma, que busca impedir los aforamientos.  

Pinza populares-C's

¿Cómo se echa el freno? Con uno de los métodos de obstrucción más empleados por el PP en esta legislatura: la ampliación del plazo de enmiendas. Esta iniciativa es la que más veces ha sido prorrogada, 43. En principio, los partidos piden unos días extra para estudiar con calma las mejoras que quieren introducir en el texto. Sin embargo, tras más de un año entero (noviembre 2016-febrero 2018) de ampliaciones no se  ha registrado enmienda alguna y ningún grupo ha manifestado su intención de hacerlo.

Parte de las ampliaciones de plazo las solicitó el propio PSOE, cuando el 'president' Ximo Puig (PSPV) decidió sondear si había consenso en Les Corts para ampliar la reforma para modificar también otros aspectos, como la ley electoral. Ante la falta de acuerdo, los propios socialistas dejaron de solicitar prórrogas y pidieron impulsar la iniciativa. Sin embargo, en el último medio año, la pinza entre el PP y Ciudadanos, que dominan la Mesa del Congreso, mantienen frenada la reforma del Estatut valenciano.

La modificación que se plantea solo incorpora una disposición adicional primera, la denominada ‘cláusula Camps’ [por el ‘expresident' Francesc Camps, que quiso incorporar una mejora del Estatut catalán al texto valenciano] para que las inversiones del Estado (en torno al 8%) sean equivalentes al peso de la población de esta autonomía en España (11%).

1.700 millones 'obstruidos'

El diputado del PSPV Artemi Rallo denuncia la "clara voluntad de obstrucción del PP" y el "apoyo de Ciudadanos para continuar bloqueando" una reforma clave para los ciudadanos valencianos. "Es un tema de boicot derivado de las circunstancias políticas. Se acelera la reforma de otro Estatuto porque hay dos grupos canarios [Coalición Canaria y Nueva Canarias] que el PP necesita para formar mayorías y aprobar sus Presupuestos", señala.

Es la misma lectura que hace el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que se ha cansado de denunciar el "favoritismo" del PP a los socios que le permitieron la investidura y con los que cuenta para sacar adelante próximos Presupuestos. "Los derechos fundamentales no pueden estar al albur de que el PP necesite esos votos", reprocha. Sostiene Compromís que la paralización de la reforma ha hecho perder a los valencianos 1.679 millones de euros. 

Barberá y Bonig, de madrinas

La reforma del Estatuto valenciano ha llegado siete veces al pleno del Congreso. En cuatro ocasiones se ha retirado del orden del día y se han necesitado otras tres (al disolverse las Cortes por la sucesiva convocatoria de elecciones generales) para aprobar  el comienzo del trámite parlamentario. A lo largo del periplo, la reforma ha contado con madrinas de excepción.

La primera vez que el hemiciclo validó la toma en consideración de la reforma, sentada en la bancada popular estaba la ya entonces exalcaldesa de València, Rita Barberá. Era septiembre de 2015. Ella había perdido ya la alcaldía, se había destapado el ‘Ritaleaks’ y su reputación estaba seriamente dañada por la corrupción y el bochorno en el discurso del “caloret”, pero contaba todavía con el apoyo de Rajoy.

La convocatoria de comicios legislativos para el 20-D hizo necesario volver a votar el trámite, pero en abril de 2016 Barberà, ya caída en desgracia, no vuelve al Congreso. Cuando finalmente, tras el 26-J el asunto vuelve al pleno es la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, la que acude a defender el texto, en un discurso que dejó perplejo al hemiciclo: en lugar de reivindicar la necesidad de la reforma, cargó contra los socialistas y Compromís, a quienes acusó de hacer del “victimismo” una “seña de identidad”. El 'president' Ximo Puig y la vicepresidenta, Mònica Oltra la escucharon desde la tribuna de invitados. Ni Rajoy ni el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estuvieron allí para escucharla. El PP votó a favor ese día. A continuación, ha ido poniendo palos en las ruedas a la reforma en espacios menos visibles del Parlamento: los trámites en comisión.

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