Mas garantiza con un inmueble de su propiedad el pago de los 5,2 millones por el 9-N

El expresidente de la Generalitat Artur Mas pondrá este viernes a disposición del Tribunal de Cuentas de forma voluntaria un inmueble de su propiedad para acabar de garantizar los 5,2 millones de euros que le reclama el organismo fiscalizador por los gastos de la consulta alternativa del 9 de noviembre del 2014. Lo mismo harán la exvicepresidenta 'Joana Ortega', los 'exconsellers' Francesc Homs e Irene Rigau y el exsecretario general de Presidència Jordi Vilajoana. Su abogado, Rafael Entrena, presentará además un escrito acreditando un nuevo ingreso por importe de 150.000 euros, que se suman a los 2,8 millones de euros ya depositados. De esta manera, pretende evita el embargo de bienes.

Con esta operación, los exaltos cargos del Govern entienden que se ha garantizado el total de la liquidación provisional fijada por el Tribunal de Cuentas por la utilización de fondos públicos para la organización de la consulta soberanista. La voluntad de Mas, Ortega, Homs, Rigau y Vilajoana es preservar el patrimonio de los técnicos de confianza de la Administración autonómica a los que también se les reclamaba la cantidad, según Entrena. A pesar de que se ha garantizado los 5,2 millones de euros, todos los implicados siguen manteniendo que en ningún caso se produjo infracción contable alguna ni perjuicio para la Generalitat. A la vez, han anunciado que defenderán dicho criterio en los diversos procedimientos e instancias que se desarrollen en el futuro.

Apoyo de la fiscalía

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El Tribunal de Cuentas deberá estudiar los bienes que han sido aportados por los exaltos cargos de la Generalitat y si estos cubren la cantidad reclamaba. La denuncia ante este organismo fiscalizador fue presentada por Societat Civil Catalana, Associació Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución, que en todo momento han contado con el apoyo de la fiscalía.

La partida más alta es la relativa a la adquisición de ordenadores para las mesas de votación, que asciende a 3.044.399,09 euros, que deben afrontar solidariamente Rigau y Mas. A Homs se le atribuye la responsabilidad por 2.127.580,09 euros por varias partidas (publicidad, elaboración del soporte informático, envío de información, centro de información y centro de prensa). A Ortega, por las partidas relativas al registro de la página web, material para la votación, seguros para los voluntarios, soporte informático y campaña informativa se le exigen 839.520,26. Esta sanción no tiene nada que ver con el proceso penal a que fueron sometido los exmiembros del Ejecutivo catalán y por el que fueron inhabilitado.