SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Mas está dispuesto a aportar su casa para pagar al Tribunal de Cuentas
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El 'expresident' de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, los 'exconsellers' Francesc Homs e Irene Rigau, además del exsecretario general de la Presidència, Jordi Vilajoana, están dispuestos a aportar su viviendas como garantía para cubrir los 5,2 millones de euros reclamados por el Tribunal de Cuentas por la utilización de fondos públicos para la consulta del 9-N del 2014, según ha confirmado a este diario fuentes cercanas a estos exaltos cargos. Este mismo miércoles, han depositado otros 400.000 euros para cubrir esta cantidad. Por lo tanto, ya se han entregado 2,8 millones y faltan 2,4 millones.
El abogado Rafael Entrena, que representa a los exaltos cargos, presentará este jueves un certificado de las pólizas de seguro de responsabilidad civil contratadas por la Generalitat para, de esta manera, intentar llegar a la cifra exigida. Ante la posibilidad de que el órgano fiscalizador no acepte esta garantía, de forma paralela solicitará una prórroga para conseguir la totalidad del dinero. A mediados de octubre ya se les concedió una y este jueves vencía el plazo. Como último recurso, el expresidente y el resto de exmiembros de su gobierno podrán a disposición del Tribunal de Cuenta sus viviendas, que ya están tasadas. El objetivo es evitar los embargos de los técnicos a los que también se les reclama esa cantidad.
Mas ha admitido de que aún no ha conseguido todo el dinero. "Miles y miles de personas" han contribido a la "caja de solidaridad", ha explicado este miércoles a Radio Euskadi, a la vez que ha expresado que "en los próximos días" la cantidad ya depositada "se puede ampliar algo". "Los que estamos involucrados tenemos nuestras casas ya tasadas y si no hay más remedio las tendremos que aportar también como garantía", ha afirmado.
Los ordenadores
El expresidente ha considerado "esperpéntico" que, de la cantidad total reclamada, tres millones de euros correspondan a los 7.000 ordenadores que se usaron para la consulta del 9-N, puesto que estos aparatos, posteriormente, fueron repartidos por las escuelas catalanas. "Se nos pide que presentamos como fianza un bien que está funcionando", ha puntualizado. El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas comunicó a Mas y al resto de exaltos cargos que debían depositar 5,2 millones de euros.
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