27 may 2020

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el 'procés' en el banquillo

Puigdemont planta a la jueza y quiere declarar desde Bélgica

Cuatro 'consellers' cesados desplazados a Bruselas también seguirán la misma estrategia, mientras el resto de miembros e integrantes de la Mesa sí comparecerán

Rafa Julve / J. G. Albalat

La Mesa del Parlament y los miembros del Govern depuesto.

La Mesa del Parlament y los miembros del Govern depuesto.

El pulso independentista se traslada este jueves y viernes a Madrid aunque con un ojo puesto en Bélgica. A falta de poco más de un mes y medio para las elecciones autonómicas del 21-D, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han citado a declarar a cinco miembros de la Mesa del Parlament y al 'president' y los 13 'consellers' destituidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¿Irán todos? Resulta muy arriesgado hacer apuestas en los últimos tiempos, aunque el cesado Ejecutivo de Carles Puigdemont ha emitido un comunicado en el que da a entender que ni el exjefe del Govern ni los cuatro 'exconsellers' que siguen con él en Bélgica (Toni Comín, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Clara Ponsatí) prevén viajar a la capital española. "En ningún caso contemplamos eludir la justicia [...]. Asumimos las penas de prisión", dicen. No obstante, pedirán responder al interrogatorio desde aquel país, solicitud que difícilmente aceptará la jueza instructora, Carmen Lamela. 

Rebelión o sedición y malversación son los principales delitos que atribuye la fiscalía a los investigados, lo que comporta penas que podrían alcanzar los 30 años de cárcel y lo que ha valido a los miembros del depuesto Ejecutivo catalán para cargar duramente en su comunicado. Reprochan la "desproporción de las penas pedidas por el fiscal, equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo", y subrayan: "Estamos ante un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".

Medidas cautelares

Los miembros del Govern destituido están llamados a comparecer en la Audiencia Nacional en una causa que instruye la misma jueza que investiga otra querella por sedición que cuenta con otros cuatro imputados: el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero también cesado de su cargo, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium CulturalJordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre bajo el argumento de que podían reincidir en los delitos de los que se les acusa. 

Con esos precedentes, la imposición o no de medidas a los imputados, al margen de la fianza de 6,2 millones de euros que se ha impuesto a los exmiembros del Consell Executiu, centrará la atención. Algunas defensas estudian solicitar un aplazamiento de las comparecencias alegando que no han tenido tiempo a prepararse, pues las citaciones se recibieron apenas un día antes.

Pero si la jueza Lamela optara por seguir adelante, su decisión en cuanto a las medidas cautelares podría incidir no solo en la convocatoria de protestas, sino también en los movimientos soberanistas cara al 21-D. ERC celebrará próximamente un consejo nacional para debatir si se presenta en solitario, si explora una reedición de JxSí o si plantea otro tipo de plataforma, y la ANC y Òmnium tienen previsto reunirse con los partidos con una candidatura unitaria en su horizonte y 'los Jordis' en la lista.

Detención probable

De confirmarse la ausencia de Puigdemont, la jueza deberá decidir si acepta que declare desde Bélgica. Paul Bekaert, abogado del presidente depuesto, ha afirmado que hay disposiciones legales que permiten ese tipo de interrogatorio y, aunque ha admitido que la probabilidad de que detengan a Puigdemont "es muy grande", ha defendido que "no necesariamente" España tendría que emitir una euroorden para que se proceda al arresto. "Tengo experiencia en otros casos, como los vascos", ha asegurado en la televisión holandesa NOS. Especialista en derechos humanos, Ekaert defendió a varios miembros de ETA que huyeron a Bélgica en los años 90.

El argumento para no volver a España que dio el exjefe del Govern en la rueda de prensa del martes en Bruselas fue que los tribunales españoles no reúnen todas las "garantías" para asegurarle un juicio justo y que en España no tenía ni la "libertad" ni la "seguridad" suficientes. Tamañas sentencias chocan con que algunos miembros de su Ejecutivo permanecían aquel día en Barcelona y que la mayoría de ellos y los integrantes de la Mesa sí que irán a declarar. En el caso de los dirigentes de dicho órgano del Parlament, entre los que hay que incluir a su exvicepresidente Lluís Corominas, lo harán en el Tribunal Supremo por su calidad de aforados en tanto miembros de la Diputació Permanent. El único que no está aforado es Josep Lluís Nuet.

"Un despropósito"

Este dirigente de Catalunya Sí que es Pot ha sido el único de los imputados que ha cargado en público contra la estrategia el 'expresident'. "La actitud de Puigdemont puede hacer que las personas que estén citadas acaben en prisión preventiva, porque de alguna forma está mostrando el camino de que escaparse es posible. Es un verdadero despropósito y una verdadera irresponsabilidad", le ha recriminado.

Si la fiscalía pide el encarcelamiento de los investigados (algo muy probale), Lamela podría justificarlo en el riesgo de fuga y en la elevada condena que comporta el delito de rebelión o sedición. En el caso de Puigdemont, Comín, Serret, Borràs y Ponsatí, además, se debería emitir antes una euroorden y Bélgica tendría para admitirla en 60 días, es decir, en las proximidades del 21-D. El único 'conseller' que podría salvarse es Santi Vila, que dimitó de su cargo la noche antes de que se votara la declaración de independencia, además de Nuet.