Sánchez y Rajoy se comprometen con el diálogo y la reforma constitucional

Después de escuchar con atención este martes la esperada intervención parlamentaria de Carles Puigdemont sobre la secesión de Catalunya, rodeado de los suyos en la sede central de los socialistas, Pedro Sánchez salió hacia la Moncloa. La enjundia del tema a tratar con el presidente del Gobierno superaba las posibilidades de una conversación telefónica. ¿Qué hacer ante la enrevesadísima pseudodeclaración de independencia, que quedó inmediatamente suspendida, del 'president'? Dos horas de conversación les llevó perfilar la respuesta, pese a que ambos, junto a sus equipos, llevaban trabajando discretamente en el asunto desde el pasado septiembre.

Estuvieron reunidos hasta ya pasada la medianoche. Y decidieron dos cosas: enviar un requerimiento a Puigdemont,un requerimiento que llegó a sus manos este mismo miércoles, para que aclare en primer lugar si él u otra autoridad catalana ha declarado la independencia. Esa fórmula les permite exhibir iniciativa y blandir el artículo 155 de la Constitución, pero con moderación y posibilidad de dar una pista de aterrizaje al independentismo para reconducir la situación, si es que la quiere. En segundo lugar, acordaron hacer compatible ese primer paso legal hacia la potencial suspensión de competencias con una propuesta de reforma de la ley fundamental que, especialmente por parte de Mariano Rajoy, fue proclamada con bastante más convicción de lo que hasta ahora había dejado ver en este terreno. Un respiro para un PSOE que lleva pidiéndolo años y que es consciente que las mayorías parlamentarias requeridas hacen que sin la complicidad de los populares sea una quimera. 

"El PSOE siempre va a estar con el Estado de derecho frente a la quiebra constitucional, siempre va a estar en una respuesta proporcional. Pero nosotros consideramos que la mejor manera de defender la Constitución es también su reforma",  enfatizó Sánchez ante la prensa después de reunirse con su ejecutiva. "Se puede hablar de todo. Incluso se puede plantear la propia reforma de la Constitución: esta dista mucho de ser una ley perpetua, ni tiene pretensión de serlo. En absoluto, todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas",  llegó a decir Rajoy unas horas después ante el Parlamento.

"Perfeccionar el autogobierno"

Estas palabras de Rajoy se encuadraron en su discurso inicial (en el que justificó la actuación general del Gobierno y dijo que no fueron deseables las cargas policiales del 1-O, de las que culpó al independentismo). O sea, en su alocución voluntaria, sin que ningún diputado de la oposición le hubiera preguntado previamente por ello. Ese destalle es significativo y, según las fuentes consultadas por este diario, responde también al acuerdo de escenificación al que sobre la cuestión constitucional había llegado en la noche anterior con Sánchez. Los socialistas, por su lado, retiraron las preguntas al Ejecutivo referidas a Catalunya previstas para la sesión de control y congelaron la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por la gestión del 1-O. Eso sí, por boca de Margarita Robles afearon al Ejecutivo su falta de autocrítica y de empatía con los problemas catalanes. 

En el terreno de lo práctico, el Ejecutivo y el PSOE han optado por abordar la actualización de la Carta Magna en dos fases. Se abrirá oficialmente la puerta con la comisión parlamentaria para la evaluación y modernización del Estado autonómico, ya constituida a propuesta de los socialistas. El organismo se pondrá a trabajar desde la semana que viene o la siguiente durante seis meses. Después, se activará ya la subcomisión constitucional, donde se abordará a fondo la reforma. "Compartimos que ha llegado la hora de que impulsemos la reforma", proclamó Sánchez satisfecho.

El presidente, por su lado, admitió estar dispuesto al diálogo -"sé bien que el futuro de Catalunya pasa por cerrar la fractura y restañar las heridas"- y señaló que, dentro de los márgenes legales, se puede debatir sobre la calidad "y cantidad" de servicios públicos, la rendición de cuentas, la financiación, "perfeccionamiento del autogobierno" o cómo combinar eficiencia y solidaridad. Eso sí, avisó de que no se sentará a abordar el derecho de autodeterminación ni cree necesaria la intervención de mediadores. Eso no gustó a Podemos, ni a ERC y PDECAT ni al PNV, que en el Pleno del Congreso insistieron en que más de dos millones de catalanes vienen avisando de que quieren votar sobre su futuro. Albert Rivera,Albert Rivera desde Ciudadanos, no se cierra a abordar la Carta Magna, pero después de que haya elecciones en Catalunya, puntualiza, y con otro Gobierno allí como interlocutor.

Esperando respuesta del 'president'

Junto a la zanahoria constitucional, hubo también este intenso miércoles palo en forma de requerimiento a Puigdemont, avalado asimismo por Sánchez y por Rivera, a quien le parece en cualquier caso que no debía dársele tanto margen al 'president' que tiene ocho días en total para frenar en seco. Está obligado a contestar al Ejecutivo antes del próximo lunes 16. Se le advirtió de que si opta por el silencio administrativo u otra cosa distinta a una "simple respuesta afirmativa o negativa", se considerará por declarada la ruptura con España. A partir de ahí, comenzará a correr un segundo plazo, hasta el jueves 19, para que rectifique oficialmente si quiere evitar consecuencias graves para su administración: la suspensión de competencias autonómicas con el artículo 155. Y puede que hasta para él mismo, dado que la fiscalía y los tribunales aguardan también a su réplica al Gobierno antes de decidir si ha cometido delito. O no.   

"Le deseo a Puigdemont que acierte fervientemente en su respuesta", afirmó Rajoy durante su comparecencia ante el Congreso para hablar, precisamente, de la crisis del Estado con Catalunya. Desde el Govern se asegura que la Moncloa tendrá respuesta a su burofax, basada en la intervención parlamentaria de Puigdemont, dentro de plazo, informa Fidel Masreal.