Imputan a dos exaltos cargos del Gobierno de Aznar en una de las ayudas de los ERE

La jueza que investiga el 'caso de los ERE' fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía ha abierto una nueva pieza separada en la que investiga por prevaricación y malversación a 25 personas, entre ellas dos exaltos cargos del Gobierno de José María Aznar, sindicalistas y exaltos cargos de la Junta de Andalucía en relación a las irregularidades detectadas en una ayuda de 40 millones de euros concedida en 2002 durante la crisis de la minería a cinco empresas de la Faja Pirítica de Huelva.

Cuando las contribuciones a esta compañía sobrevolaron el 'caso de los ERE', la entonces jueza instructora Mercedes Alaya siempre lo atribuyó a un intento del PSOE de defenderse y sembrar dudas sobre la gestión del PP en el Gobierno, pese a que altos cargos del Ejecutivo central desfilaron por la comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Sin embargo, el cambio de titular en el juzgado supuso un giro en la investigación.

El 'caso ERE' apunta ahora al PP por presunta malversación en unas ayudas

Los expedientes para las ayudas fueron tramitados por el Gobierno andaluz pero recibieron fondos excepcionales desde el Ministerio de Trabajo tras la intensa campaña protagonizada por el PP, manifestaciones incluidas, para reclamar ayudas y el mismo trato a los mineros onubenses que a otros colectivos laborales, como Santana Motor. El exministro de Empleo, Eduardo Zaplana, defendió en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía que las prejubilaciones se amparaban en una orden ministerial que se remonta a la época de José Antonio Griñán como titular de Trabajo, y explicó que hubo un acuerdo con la Junta para aportar ayudas extraordinarias, aunque toda la tramitación recayó en el Ejecutivo regional. También el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, delegado del Gobierno en Andalucía en esas fechas, defendió en la comisión las ayudas y aseguró que, al contrario que en otras gestionadas por la Junta, en las de Huelva no había intrusos.

INTRUSOS Y SOBRECOMISIONES

Sin embargo, en el auto dado a conocer este jueves, la jueza de instrucción María Nuñez Bolaños no lo tiene tan claro. De hecho, no solo investiga la inclusión en las pólizas de prejubilación de personas que nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica, sino que además sospecha que se “falsearon” los coeficientes reductores para el cálculo de la “edad química” de los trabajadores sujetos a los ERE, de modo que como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las dichas ayudas.

Asimismo, investiga las posibles sobrecomisiones recibidas durante los pagos que iban realizando para el abono de las pólizas de prejubilación por las aseguradoras y bufetes de abogados que mediaron en la tramitación de los expedientes, y que llegaron a incluir en los mismos individuos a los que no les correspondían dichas ayudas.

Por último, se investiga el papel similar jugado en la contratación de las pólizas por la asociación de extrabajadores constituida para tal fin a través de sus representantes sindicales, y en cuyo funcionamiento tendrían especial influencia esos despachos de abogados. Según señala el auto, “las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el FOGASA debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos”.

EXALTOS CARGOS DE TRABAJO

Entre los investigados se encuentran la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, acusadas de un delito de prevaricación, en concurso con uno de malversación, “por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones”.

Por parte de la Junta se investiga a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, todos ellos acusados por “por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria, careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que posiblemente permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos”.

Por último, se investiga a 10 sindicalistas, entre ellos los exsecretarios generales de UGT Andalucía Manuel Pastrana --quien dejó el cargo en mayo de 2013-- y de CCOO Francisco Carbonero –quien abandonó en 2017--, por supuestamente desviar fondos abonados por el Fondo de Garantía Social destinados a la Junta de Andalucía, que había adelantado el pago de las prejubilaciones.