El 'caso ERE' apunta ahora al PP por presunta malversación en unas ayudas

El cambio de titular en el juzgado de los ERE parece que provoca también un giro en la investigación. Si la anterior jueza, Mercedes Alaya, tenía en el foco de sus pesquisas a la administración regional socialista, su sustituta María Nuñez Bolaños ha abierto el punto de mira y salpica ahora también al PP y a su gestión al frente del Gobierno central a cuenta de unas ayudas extraordinarias concedidas a la cuenca minera de Huelva en el 2002. El expediente de ayudas, de unos 100 millones de euros, se pagó entre ambas administraciones, y si bien se detectaron decenas de intrusos en las prejubilaciones, ahora las pesquisas apuntan a que se emplearon mal a sabiendas los datos de los perceptores para evitar que una rebaja de las ayudas se tradujera en protestas sindicales.

En una providencia dictada la pasada semana, Nuñez Bolaños decidir abrir una nueva línea de investigación para concretar el papel del Ministerio de Trabajo en dichas subvenciones, y entiende que se podrían haber cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Entre otras diligencias, la juez reclama diversa documentación para saber si el Ministerio de Trabajo o la Subdelegación del Gobierno pidieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) información sobre los coeficientes reductores de los mineros beneficiarios, ya que según concluye un voluminoso informe de la Guardia Civil Administración central "presuntamente utilizó, de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria, los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años".

Según se desprende de dicho informe, esta práctica se hizo pese a que el Gobierno central conocía que sus listados eran "erróneos" y tenían numerosos desfases en relación a los datos del INSS, lo que provocaría una rebaja en las ayudas individuales, por lo que sospecha que se hizo la vista gorda para evitar las protestas públicas de los sindicatos en una época de crisis.

DEFENSA DEL PP

No es la primera vez que el expediente de la Faja Pirítica sobrevuela el caso de los ERE, aunque hasta ahora la juez Alaya lo interpretaba como un intento del PSOE de defenderse y sembrar dudas sobre la gestión del PP en el Gobierno. Las posibles irregularidades en estas ayudas han surgido en numerosas ocasiones a lo largo de estos cinco años de investigación, y de hecho se llegaron a abordar en la comisión de investigación en el Parlamento en el año 2012, donde comparecieron el exalcalde de Sevilla y exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y los exministros de Administraciones Públicas y Trabajo Javier Arenas y Eduardo Zaplana, responsables de gestionar por tanto dichas ayudas.

Los dirigentes del PP siempre han defendido su intervención en dicho expediente, asegurando que las ayudas que concedió el Gobierno central se ajustaban a la legalidad y subrayando que cualquier irregularidad se centraba en los expedientes de prejubilación pagados por la Junta. Este miércoles, el delegado del Gobierno en la región, Antonio Sanz (quien fuera mano derecha de Arenas) aseguró que el Gobierno "no tiene nada que ocultar", por lo que desde que se conoció la petición de la juez se está recopilando toda la información para entregarla cuanto antes, e insistió en que el interés del Ejecutivo central es que "de una vez por todas se esclarezca el gravísimo escándalo de la Junta de Andalucía con los ERE".