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Redada contra el 3% antes del juicio a Mas

Otra operación contra la presunta financiación ilegal de CDC añade más tensión

La investigación alcanza al Port de Barcelona y a la etapa de Trias como alcalde

Neus Tomàs

Antoni Vives, detenido en la operación Pika. / FOTO: EFE / ANDREU DALMAU / VIDEO: ATLAS

Antoni Vives, detenido en la operación Pika.
La Guardia Civil, a la entrada de las oficinas de BIMSA, en la calle Bolivia de Barcelona.

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Casual o causal, la sombra de la corrupción salpica de nuevo a la antigua Convergència a las puertas de otro episodio de ardor independentista. Esta vez los sospechosos no son nombres cualquiera. El presidente del puerto de BarcelonaSixte Cambra, uno de los pocos amigos que Artur Mas tiene en el partido. Antoni Vives, hombre clave en la breve etapa de Xavier Trias al frente del Ayuntamiento de BarcelonaFrancesc Sanchez, uno de los 'fontaneros' que mejor conoce las entrañas de la antigua CDC. Y Andreu Viloca, extesorero señalado desde el 2015 cuando fue imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales. Sus nombres saltaron a las portadas de las ediciones digitales de algunos medios cuando los agentes de la Guardia Civil prácticamente no habían empezado los registros. 

Mientras la ANCÒmnium y otras entidades soberanistas sigue llenando autobuses (ya van por el centenar) para acompañar a Mas, Joana Ortega e Irene Rigau el lunes cuando se sienten en el banquillo por haber organizado el 9-N, la presunta financiación irregular es un mazazo a la estrategia del PDECat, que con Marta Pascal y David Bonvehí al frente, se limitó a lanzar un tuit: "El PDECat es un proyecto que ilusiona y que trabaja para una Catalunya mejor. No permitiremos que la ensucien con ninguna insinuación" (una breve y enigmática manera de intentar marcar distancias con la antigua pero aún cercana Convergència). Cambra también denunció anoche "intencionalidad política" en la intervención judicial. El exalcalde Trias; la actual consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su padre y presidente de CDC, Jacint Borràs, acusaron al Gobierno central de lanzar una "operación programada" y "mediática" para "desprestigiar" al PDECat y desmotivar a los catalanes cara al juicio del 9-N. Sea para desmotivarles o no, a la misma hora, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, blandía el artículo 155 de la Constitución como "opción" para impedir el referéndum.                                                                                                                                                                                        

El exalcalde Trias y Cambra denuncian que la operación 
judicial responde a una intencionalidad política  

Los presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones a constructoras son muy cercanos en el tiempo (entre el 2011 y el 2015), los nombres son importantes y las obras más que relevantes: desde ampliaciones del Puerto de Barcelona a la prolongación de la estación de Ferrocarrils de la Generalitat en Sabadell o la faraónica remodelación de la Plaça de les Glòries.

NOMBRES REINCIDENTES

Algunas de las empresas adjudicatarias serían también reincidentes en la presunta financiación ilegal. Es el caso del Grup Soler (una de las constructoras más generosas a la hora de hacer donaciones a la CatDem). Otra es Copisa (también contribuyente de la fundación convergente), cuyo exconsejero delegado Xavier Tauler es uno de los 18 detenidos este jueves. Amigo de la infancia de Jordi Pujol Ferrusola, se vio implicado en la trama del 3% de la operación Petrum, en octubre del 2015. Tauler no es el único que ya había sido detenido con anterioridad. También repite el directivo de la empresa Oproler Josep Maria Bassols, esposo de la jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Núria Bassols, a quien Mas fichó en su momento como comisionada de Transparencia y a quien el Gobierno de Carles Puigdemont destituyó hace un año. 

Otras constructoras como Comsa o la leridana Benito Arnó aparecen por primera vez en las pesquisas de los investigadores.

Haya o no una orden política para hacer coincidir la operación con el juicio del lunes, de ser ciertas las sospechas de la Guardia Civil, hay elementos a tener en cuenta a la hora de analizarla. Uno es que por primera vez uno de los epicentros sería el Ayuntamiento de Barcelona. El segundo factor a subrayar es que estas adjudicaciones sospechosas se produjeron cuando Convergència ya había cambiado el nombre de su fundación y había decidido que no se llamase más Trias Fargas para evitar que, como pasaba desde que estalló el 'caso Palau', se la siguiese asociando a la corrupción.