La Audiencia de Barcelona juzga a una fundación de Unió por desviar fondos

El pistoletazo de salida de los juicios por corrupción de este 2017 en Catalunya se ha producido este viernes. Ante un tribunal de la Audiencia de Barcelona se han sentado en el banquillo de los acusados el expresidente de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) y exdirector general de Consum Josep Boqué y dos vocales de la entidad por haber cometido supuestamente de un delito de estafa a bancos a través del grupo financiero IMS (hay otros tres acusados), y haber favorecido y desviado fondos a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que está siendo juzgada como responsable civil subsidiaria. El fiscal reclama hasta 17 años de prisión, aunque rebajará esta pena al haber admitido ahora la prescripción de un delito. El juicio se prolongará hasta finales de febrero.

En la sesión de este viernes, la defensa de Unió, ejercida por el abogado Joan Segarra, ha solicitado que se exculpe al partido al entender que la fiscalía no tiene legitimación para acusarla por un delito de administración desleal, dado que su fundación afín, Catalunya i Territori, es una entidad privada, y el hecho de que la entidad pagara servicios y asumiera alquileres de los locales "no afecta a los intereses generales".

El fiscal Pedro Ariche ha respondido que en sus estatutos la fundación reconoce intereses generales, como "el equlibrio territorial y el fomento de sentimiento de nación y de la cultura nacional catalana". Ha agregado que la entidad se nutre de donantes particulares que, así, obtienen beneficios fiscales. Tanto esta cuestión como otras expuestas por las defensas, como la anulación de la entrada a la sede de IMS de inspección de Hacienda o la prescripción de otros delitos, se resolverán en sentencia. A pesar de ello, la presidenta del tribunal ha avanzado que "sí que puede haber intereses generales".

CONDICIONES VENTAJOSAS

La fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Unió se benefició de la trama al eximir la entidad al partido de pagar el alquiler de algunos locales y, posteriormente, vendérselos a "un precio a todas luces sensiblemente inferior al del mercado" y en condiciones "anormalmente ventajosas".

La fundación también pagó servicios de una empresa que debía facturar el partido. UDC tenía una deuda con Kontrats Produccions, que le organizaba congresos y jornadas. Su administrador declaró que el que era gerente del partido, ya fallecido, le indicó que enviara las facturas al grupo IMS, que, a su vez, se nutría de fondos de la fundación (1,8 millones) y en el que había miembros de la misma. Esta cantidad asciende a 61.448 euros, dinero el fiscal reclama.

FTC también arrendó locales a Unió y en el 2005 dejó de cobrarle "injustificadamente" el alquiler, alega el fiscal. En el 2009, la fundación vendió al partido estas dependencias por debajo del valor delmercado. En julio del 2014, Unió ya devolvió a la fundación 195.700 euros por la compraventa de los locales y por los alquileres dejados de cobrar en el 2005.