'CASO MERCURI'
La fiscalía pide prisión para Bustos por pedir que se anularan multas de familiares
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
La Fiscalía de Barcelona solicita en su escrito de acusación dos años de prisión, multa y seis años de inhabilitación para el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, por tráfico de influencias, al haber pedido cuando era edil al entonces intendente de la policía local que anulara dos multas de tráfico impuestas a familiares suyos. La acusación pública también reclama seis años y seis meses de prisión, multa e inhabilitación para el jefe de la policía municipal, Josep Miguel Duran, y multa y suspensión de empleo para el que era coordinador del Área de Espacio Público de Sabadell, Xavier Izquierdo. La investigación se inició a raíz del denominado ‘caso Mercuri' de presunta corrupción en el ayuntamiento de la localidad del Vallés. Bustos ya tiene una condena de un año y cuatro meses por intermediar para que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac contratara a una exalto cargo de la Generalitat.
La fiscala Teresa Duerto expone que el 28 de marzo del 2012 el vehículo de la esposa de Bustos, Montserrat C., fue sancionado al estar estacionado en una parada de transporte público. La multa era de 200 euros y un importe bonificado de 50. El vehículo no fue retirado por la grúa al presentarse la propietaria.
A los pocos minutos, Bustos, que se encontraba junto con su mujer y “con el único fin de anular la multa”, telefoneó a Duran, por aquel entonces intendente de la policía local de Sabadell y, por tanto, “su subordinado”, a quien con un “tono discernido, afable y amigable” le comentó el incidente, a la vez que le pidió que se pusiera en contacto con su esposa para “arreglar el tema de la multa” y sugiriéndole la forma de hacerlo, según la fiscalía. El jefe de la policía local asintió. Ese mismo día, Duran dio las órdenes para que la sanción no prosperar, como así ocurrió.
LOS HIJOS DEL EDIL
Unos meses después, el 22 de junio del 2012, el vehículo propiedad de la exmujer de Bustos, Carmen P., que estaba siendo usado por sus hijos aparcó en una zona de carga. Una grúa lo llevó al depósito municipal, a la vez que se expedía una multa de 200 euros e importe bonificado de 100 euros.
Horas después, los hijos de Bustos se percataron de que la grúa se había llevado el coche y llamaron a su padre. El entonces alcalde contactó con el jefe de la policía local y después llamó a Izquierdo, coordinador del Área de Espacio Público de Sabadell y amigo suyo, para que acudiera al depósito para ayudar a sus hijos.
Todos se reunieron en estas dependencias con “el fin de conseguir, sin coste alguno”, que los hijos del entonces alcalde recuperan el vehículo. Para ello, el jefe de la policía local abonó una tasa de 133,50 euros con dinero público, según la acusación, que disponía el cuerpo policial. En menos de media hora, los hijos del Bustos sacaron el vehículo del depósito. Izquierdo, detalla la fiscalía, no hizo nada para evitar que se usaran fondos públicos. Para que la multa fuera anulada y se devolviera ese dinero, el jefe de la policía local describía una urgencia médica “inexistente” para justificar que el turismo estaba mal aparcado.
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