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Militantes socialistas denuncian a Díaz, Hernando y Fernández por coacciones

El juzgado abre diligencias para pedir informe al fiscal sobre competencia

Los denunciados son aforados por lo que la denuncia será rechazada

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

El rey Felipe saluda a Susana Diaz y a Javier Fernández, durante el besamanos en el Palacio Real.

El rey Felipe saluda a Susana Diaz y a Javier Fernández, durante el besamanos en el Palacio Real. / EFE / BALLESTEROS

Un grupo de militantes socialistas ha interpuesto una denuncia contra los dirigentes socialistas Susana Díaz, Mario Jiménez, Javier Fernández y Antonio Hernando por un delito de coacciones a los diputados del PSOE en la votación de la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha abierto diligencias, antes de decidir sobre la admisión o rechazo de la denuncia, para pedir informe al fiscal.

Previsiblemente, la Fiscalía se pronunciará en contra de la admisión, puesto que los cuatro denunciados son aforados: la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, y el diputado Antonio Hernando sólo pueden responder ante el Tribunal Supremo. Aunque Javier Fernández y Mario Jiménez serían aforados ante los Tribunales Superiores de Justicia de sus comunidades autónomas, Asturias y Andalucía, respectivamente, en este caso, al haberse cometido el supuesto delito en Madrid también sólo pueden ser enjuciados por el alto tribunal.

El auto, que recoge la posible existencia de infracción penal, responde a una denuncia presentada el pasado 28 de octubre e impulsada por un grupo de militantes socialistas, que consideran ilegales las resoluciones aprobadas por el Comité Federal de su partido el 1 y el 23 de octubre.

Uno de ellos, el madrileño Luis Chamarro, ha explicado a Efe que su denuncia por la vía penal se dirige contra la presidenta andaluza, Susana Díaz, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, y el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, por delitos de usurpación de funciones y de coacciones.

Además de la vía penal, estos militantes de Madrid, Zaragoza y Galicia han promovido otra denuncia por la vía civil admitida a trámite por un juzgado de Zaragoza y han presentado en Ferraz un escrito en el que piden la dimisión de la gestora, por considerarla ilegal.