El Constitucional avalará la reforma que le permite suspender a Forcadell

El Tribunal Constitucional dará luz verde a la reforma de su ley reguladora que prevé la inhabilitación de los políticos y cargos públicos que desoigan sus resoluciones, mientras estas se cumplen, y le da la opción de acordar su ejecución por otra administración, según adelantó 'La Vanguardia' y ha confirmado este periódico. El pleno del alto tribunal se reunirá esta semana el próximo miércoles y el jueves, al ser el martes festivo.

Una vez avalada la reforma, que fue aprobada por el Gobierno del PP en los últimos días de su mayoría absoluta con toda la oposición en contra, el alto tribunal podrá utilizar las medidas que le permiten acelerar su respuesta frente a la desobediencia de sus resoluciones. Y ante futuras resoluciones del Parlament, como la votación del pasado 6 de octubre, que también fue impugnada por la Abogacía del Estado, podría utilizar sus nuevas facultades y dejar de lado otras vías que ya existían, como la remisión del caso a la Fiscalía, acordada respecto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El alto tribunal trató de resolver los recursos presentados por la Generalitat y el Gobierno vasco contra las nuevas medidas coercitivas previstas en su ley reguladora antes que el incidente de ejecución de sentencia que la Abogacía del Estado presentó contra la actuación de Forcadell en la votación del Parlament de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente que abría la vía de la unilateralidad. 

Pero al constatar que las deliberaciones se iban a prolongar más de lo deseado, se optó por deducir testimonio contra Forcadell para que fuera la Fiscalía la que interpusiera una querella contra ella, como hizo el pasado 6 de octubre. La querella por desobediencia y prevaricación fue admitida a trámite por el pasado día 25 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

TRES FRENTE A OCHO

Para no prolongar un debate que se había comprobado estéril, la vicepresidenta del alto tribunal, Adela Asua, ha renunciado a la ponencia. Su propuesta de resolución sólo contaba con el apoyo de los magistrados Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés. 

Aunque en el Tribunal Constitucional es habitual que los ponentes de las resoluciones lo sigan siendo aunque discrepen de la mayoría, dejando patente su desacuerdo con un voto particular, la renuncia de Asua supone que la redacción de la sentencia corresponda a otro magistrado, que en este caso será Pedro González-Trevijano.

LEY REGULADORA

La reforma de la ley reguladora del Tribunal Constitucional introdujo dos novedades fundamentales en las facultades del alto tribunal para hacer cumplir sus resoluciones. 

Una es “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”. La otra consiste en “la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales”.

Las multas coercitivas ya estaban incluidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pero se incrementaron con la reforma hasta los 30.000 euros para “las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado”.