EL PULSO INDEPENDENTISTA
La fiscalía se querella contra Carme Forcadell y le acusa de "despreciar" la Constitución
ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID / J. G. ALBALAT / ROGER PASCUAL / BARCELONA
La Fiscalía Superior de Catalunya acusa a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de "actuar con total desprecio a la Constitución de 1978" y "dinamitar el modelo territorial del Estado" por permitir la votación el pasado 27 de julio de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, según consta en la querella que se ha presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El texto sostiene que Forcadell, acusada del presunto delito de desobediencia y prevaricación, actuó "dinaminatando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo territorial del Estado" y buscando "la derogación por la vía de hecho de la Constitución". "Lo que dinamita el Estado es la corrupción", ha respondido la presidenta.
Forcadell no se ha mordido la lengua, denunciando que en España "no hay separación de poderes" y señalando que en democracia tienen que ser los diputados, como representantes de la ciudadanía, los que pongan y quiten presidentes de parlamentos. Ha asegurado estar "muy tranquila" pese a la amenaza de inhabilitación. "Ni la contemplo porque seria un ataque muy grave a la democracia. Hice lo que tenía que hacer", ha dicho antes de decir que no tendrá problemas en ir a declarar donde sea.
La querella sostiene que con su actuación pretendía "su abierta y deliberada derogación", por lo que, mediante "un ardid" acordó someter a votación unas conclusiones "con cabal conciencia de que impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia". Califica su actuación de "extravagante" respecto a las funciones parlamentarias que tiene encomendadas y considera que el acuerdo votado "implica un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Consitución misma".
Además, la fiscalía manifiesta que su actuación señala la "intrínseca arbitrariedad" con que Forcadell en un "ejercicio desviado" de sus funciones públicas permitió la votación. En definitiva, el fiscal indica que la actuación de la presidenta del Parlament fue encaminada a "desvincular" a Catalunya del "sistema constitucional" y cree que el hecho de que aprobara la votación de las conclusiones "no puede ser reputado como acto político a efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación", puesto que sus decisiones se encaminaron "a la derogación por la vía de hecho de la Constitución".
El ministerio público, reprocha a Focadell haber utilizado "torticeramente el Reglamento de la Cámara", niega que pueda excusarse en el privilegio de la inviolabilidad, porque "esa norma protege la libertad de expresión de los diputados autonómicos", pero "no es un privilegio personal que los inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente legales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentario".
NO ATENDIÓ LAS ADVERTENCIAS
La querella sostiene también que Forcadell no atendió las advertencias de miembros de la mesa del Parlament y alteró el orden del día para permitir el debate sobre el informe de la Comisión de Estuido del Proceso Constituyente y la procedencia a su votación. Agrega que los grupos Popular y de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo antes de la votación, expresando sus representantes que lo hacían para dejar claro que no podían participar en la votación que vulneraba los pronunciamientos anteriores del Tribunal Constritucional.
El escrito destaca que la resolución aprobada tenía como "finalidad" abrir un proceso constituyente, "concretando un plan preciso para la secesión" y atribuyendo al Parlament un "podor constituyente" que, como ya había afirmado el Constitucional supone "la negación de las clausulas esenciales de la Constitución Española y la instauración de un principio de legitimidad en contración absoluta con ella".
Las diligencias propuestas por la Fiscalía en su querella consisten en tomar declaración a Forcadell como investigada y aportar a la causa todas las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional tras el inicio el proceso soberanista.
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