Fernández Díaz se enfrenta en septiembre al curso político más díficil

Haya o no investidura antes de que se inicie oficialmente en septiembre el nuevo periodo de sesiones en el Parlamento, habrá un diputado del Congreso (está por ver si Mariano Rajoy se atreve a incluirlo de nuevo en un Gobierno) que puede pasarlo mal este curso. Se trata de Jorge Fernández Díaz, todavía ministro de Interior en funciones. Ya hay acumuladas en el registro del Parlamento distintas solicitudes de comparecencia para él y hasta de comisiones de investigación a raíz del ‘Fernándezgate’, o lo que viene a ser lo mismo, la supuesta elaboración de informes más que forzados desde su departamento para tratar de perjudicar la imagen de políticos catalanes independentistas.

Tampoco conviene perder de vista que a Ciudadanos, llamado a sustentar a Rajoy si logra mantenerse en La Moncloa, no le gusta nada este escándalo. Ni la idea de que el aludido pudiera tener una segunda oportunidad en el poder Ejecutivo. De hecho, hace meses que C’s sugirió que debía haber dimitido y según parece vetó en julio que pudiera hacerse con la presidencia de la Cámara Baja –como también hicieron con Dolores de Cospedal- en lugar de Ana Pastor, como según la versión de los naranjas pretendía Rajoy.

Tarde o temprano, por voluntad propia u obligado por la oposición Fernández Díaz tendrá que dar explicaciones sobre el asunto ante el hemiciclo. Salvo que decida marcharse. O le busquen alguna salida. Él personalmente ha negado que Rajoy, su jefe y amigo personal, hubiera ordenado hacer ya gestiones con el Vaticano para que pudiera ocupar la plaza de embajador ante la Santa Sede, como se ha estado rumoreando entre sus propios compañeros de filas, un cargo que seguramente aceptaría de buen grado dada su reconocida vertiente católica.

REUNIÓN CON ANTIFRAU

Por el momento, el goteo de peticiones para que el titular de Interior en funciones dé un paso al frente al término de las vacaciones sigue incrementándose. El 11 de agosto el Partit Demòcrata Català (PDC) junto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamaron, como ya hizo en su día el PSOE, una investigación parlamentaria para poder juzgar si ha habido o no guerra sucia frente al soberanismo catalán.

Así las cosas, Fernández Díaz deberá enfrentarse al escándalo que supondría haber amparado desde su ministerio a un grupo de ‘policía política' y aclarar el objeto de las polémicas conversaciones en su propio despacho con el exjefe de la oficina Antifrau, que fueron difundidas por el diario 'Público' y que versan, principalmente, sobre investigaciones embrionarias y soplos de los que se pretendía desarrollar un caso judicial, además de noticias convenientemente filtradas a la prensa.

INVESTIGACIÓN Y OPORTUNIDAD DE DAR LUZ

El jefe de Interior encargó una investigación interna (otra) para conocer quién pudo grabar dichas conversaciones y para qué. Los resultados no se han hecho todavía públicas, si es que algún día se conocen: el ministro ya solicitó en el 2012 otras pesquisas para determinar quién había elaborado los informes apócrifos achacados a la UDEF, esos que curiosamente salieron a la luz pública en vísperas de las elecciones catalanas y que sugerían la existencia de cuentas en el extranjero de destacados políticos de Catalunya y el habitual cobro de comisiones ilegales, entre otras cosas.

En aquella ocasión y en sede parlamentaria, el titular de Interior acabó apuntando que le era imposible saber quién era el autor o autores de los mencionados documentos, por más que el área de Asuntos Internos (que llevaba entonces el comisario Marcelino Martín Blas, el mismo que hace unos meses rubricó un informe que ligaba a José Villarejo José Villarejocon la ‘operación Cataluña’) se había ocupado de ello. Ahora se le presenta una nueva oportunidad de dar luz e iluminar lo que algunos han querido llamar las ‘cloacas del Estado’ y demostrar, si puede y quiere, que bajo su mando no se ha bordeado la ley para luchar contra el independentismo. Y aclarar cómo, quién y para qué pudo grabar ni más ni menos que al máximo responsable de la seguridad en España en su propio despacho.