TENSIONES EN LAS FILAS MORADAS
Las alianzas de Podemos retan a Iglesias para lograr grupo propio

Pablo Iglesias interviene en un acto en Barcelona, el pasado 9 de abril. / periodico
Las alianzas territoriales de Podemos lanzan un órdago a la dirección morada ante el horizonte de repetición electoral. En Marea (Galicia) y Compromís (Comunitat Valenciana) están sopesando también la fórmula que baraja En Comú PodemEn Comú Podem: presentarse al 26-J como un partido y no como una coalición, porque consideran que así podrían tener un grupo propio en el Congreso. Obtener esa 'independencia' parlamentaria fue una exigencia de las tres confluencias para rubricar los acuerdos para el 20-D. Pablo Iglesias accedió entonces, y así consta en los pactos, a hacer todo lo posible para que sus satélites tuvieran voz propia en el Parlamento, pero la Mesa, que es el órgano de gobierno de la Cámara, desestimó esa posibilidad. Los letrados consideraron que Podemos no se había confrontado en las elecciones generales con sus alianzas y, ante la evidencia de que iban a rechazar la petición de hacer cuatro grupos parlamentarios separados, se formalizó uno solo, que incluye a Podemos-En Comú Podem-En Marea, mientras que Compromís paso al grupo mixto.
Ahora, las tornas han cambiado. Los satélites se sienten más fuertes y han trasladado a la dirección morada en Madrid que estudian fórmulas para garantizarse ser autónomos. En Barcelona, la cuestión está sobre la mesa pendiente de debatir. Compromís, lo estudiará el miércoles en ejecutiva. Y los gallegos opinan que, una vez lo ha planteado Catalunya, Podemos no negará el mismo trato a las otras alianzas.
Es más, la exigencia de concurrir como partido en lugar de con la fórmula de coalición electoral, estará en las negociaciones para revalidar las confluencias si finalmente se confirma la repetición de los comicios. “Haremos todo lo posible por tener el grupo propio. Hemos demostrado que tendremos a fuerza suficiente para conseguirlo y será una condición en las negociaciones”, advierte Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso.
CALMA Y ACUERDOS
Desde Madrid se llama a la calma. El secretario de organización, Pablo Echenique, insiste en que el debate sobre los pactos territoriales todavía no se ha producido, pero se muestra optimista. “Podemos tiene una alianza estratégica con todos los actores que participan de las actuales confluencias, los excelentes resultados electorales avalan esta alianza, y estoy seguro de que se repetirá si vuelve a haber elecciones. En detalles que vayan más allá de esta realidad política estoy seguro de que seremos capaces de consensuarlos entre todos”, señala en declaraciones a este diario Echenique.
En la misma línea, la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, augura un entendimiento con los socios. “Nuestro compromiso con que las confluencias tengan grupo propio sigue firme como siempre, eso sí, pero no hemos hablado de fórmulas concretas todavía”, afirma.
Sin embargo, las alianzas aseguran que el tema sí está sobre la mesa y en el caso de En Marea confirman que lo han planteado a la dirección estatal de Podemos utilizando la misma denominación pero registrándose como partido. Todavía no lo han hecho, a diferencia de En Comú Podem, que lo formalizó el 21 de enero.
EL PSC COMO EJEMPLO
Los letrados del Congreso creen que la 'fórmula partido' ayuda, pero no blinda la posibilidad de tener grupo propio, porque sigue existiendo una margen interpretativo que depende de la rigurosidad o flexibilidad con la que la Mesa interprete un reglamento que data de 1982.
Consideran que otras formaciones podrían aducir que, mientras Podemos no se presente en Catalunya, Valencia y Galicia, no se dará una competición electoral, requisito que el Parlamento establece para conceder la ‘independencia’. De hecho, recuerdan que el artículo 23 fue redactado para impedir esa posibilidad al PSC. “Es similar a lo que ocurre con el PSC, que es un partido, pero siempre se ha entendido que no puede tener grupo propio porque el PSOE no se presenta en Catalunya”, opinan fuentes parlamentarias que, insisten, la decisión sería más política que jurídica.
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