¿Qué proponen los partidos para combatir la corrupción?

La corrupción es, según el CISCIS, el segundo problema que más preocupa a los españoles, solo por detrás del paro. Los partidos políticos, algunos de ellos claramente señalados por los escándalos sufridos en sus propias filas, se han esmerado en sus programas electorales para el 20-D para prometer transparencia y tolerancia cero con esa lacra. Estas son algunas medidas que propone cada uno al margen de las actuaciones de tipo más genérico en las que coinciden todos.

El PP promete que en caso de apertura de juicio oral por causas de corrupción contra altos cargos o militantes, estos dimitirán y serán destituidos de su puesto. Entre las propuestas de los populares se incluye también la protección a quienes destapan casos de corrupción o la obligatoriedad de enseñar los resultados de los plenos municipales a través de internet.

El partido de Pedro Sánchez subraya también su compromiso de retirar de la vida política a quienes sean acusados en juicio oral por corrupción. El PSOE propone establecer un único formato de declaración de bienes para los trabajadores del sector público y tampoco se conforma con endurecer las leyes y reforzar a los órganos judiciales para agilizar las causas. Los socialistas también prometen introducir en la educación temarios que formen a los alumnos en valores contra la corrupción e invertir en campañas de sensibilización contra esta problemática.

Ciudadanos centra su apuesta en un cambio de “cultura y valores” para combatir la corrupción, entre el que se incluyen propuestas para proteger y premiar a los denunciantes. En su programa electoral, el partido de Albert Rivera aboga por fortalecer la sociedad civil, las organizaciones empresariales, los sindicato y los medios de comunicación, pero no con subvenciones públicas, sino a través de ‘crowdfounding’ transparente.

No sería corrupción propiamente dicha, pero en aras de la transparencia y del buen gobierno, el partido de Pablo Iglesias propone convocar elecciones en caso de incumplimiento “sustancial y manifiesto” del programa. Podemos apuesta por una comisión no permanente de diputados que evalúe a los dos años de gobierno en qué medida se ha ejecutado el programa. Además, la fuerza morada incluye que en los debates presupuestarios del Congreso puedan participar los ciudadanos y defiende eliminar "privilegios" de los cargos electos y reducir el número de altos cargos en las administraciones públicas, a las que no se accederá por libre designación (a dedo), sino que se pretende “profesionalizar” la incorporación para garantizar su independencia del poder político.

Democràcia i Llibertat y ERC recuperan del programa de Junts pel Sí el punto referente a la lucha contra la corrupción. Así, ambos partidos apuestan por un “manual de buen gobierno”, que establezca pactos de integridad en la contratación pública para evitar que cualquier parte del contrato pague, ofrezca, exija o acepte sobornos, prohibir que un condenado por corrupción vaya en una lista electoral, ocupe un cargo público o trabajar en la administración durante diez años y que respondan con su patrimonio. También proponen una ley de financiación de partidos y fundaciones más transparente.