CAMINO DE LAS URNAS

Rajoy liga su proyecto de financiación a un nuevo mapa fiscal

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / periodico

GEMMA ROBLES / ROSA SÁNCHEZ / MADRID

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Una de las propuestas más esperadas del programa electoral de los populares, la que atañe a la financiación autonómica, por fin se da a conocer oficialmente. Al menos, en sus ejes básicos: Mariano Rajoy propone "definir y acordar" una oferta de servicios básicos limitada a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales para los que se garantizará desde el Estado "una financiación suficiente" que no variaría con el tiempo; no estaría sometido a vaivenes de la economía y respetaría el principio de "igualdad" entre españoles. El resto de servicios correría a cargo de las comunidades.

"Afianzada la solidaridad y la igualdad de acceso a los servicios sociales básicos y la financiación suficiente de los mismos, las autonomías tendrán una mayor capacidad financiera y corresponsabilidad fiscal para atender al resto de competencias que le son propias", se  sostiene en dicho programa con el que Rajoy pedirá el voto para las elecciones generales del 20-D.

Con este sistema, según sostiene el PP, habrá suficiencia en la financiación de materias esenciales y será posible "alcanzar una situación de equilibrio financiero de forma estable". "Puesto que el Estado ha asumido un porcentaje muy elevado de la deuda autonómica, este sistema contribuirá decisivamente a que, a largo plazo, el peso de la deuda autonómica respecto al PIB se reduzca y desterrará definitivamente la tendencia a utilizar excesivamente la deuda comercial", se apostilla.

Esta misma mañana en un acto electoral, el director de la oficina económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, ha argumentado  que el "objetivo fundamental" de los populares, poniendo sobre la mesa este proyecto, es que los "grandes servicios básicos" no dependan "de la recaudación" y "todos los españoles tengan "la misma cartera de servicios bien financiados".

¿QUE PROPONEN LOS OTROS PARTIDOS?

Los adversarios de Rajoy con más posibilidades el 20D, esto es, el socialista Pedro Sánchez, el líder de Ciudadanos Albert Rivera y el de Podemos, Pablo Iglesias, también concurren a las próximas generales con sus propios planes en materia de financiación, aunque unos son más explícitos que otros en sus programas.

Así, en una reciente entrevista concedida a EL PERIÓDICO, el responsable de economía del grupo de expertos del PSOE, Jordi Sevilla, propuso también -en esto coincide con el PP- separar y clarificar lo que ha de financiar el Estado de lo que debe ser, a medio plazo, responsabilidad de las comunidades. La diferencia es que él cree que la materia en la que debe centrarse el Gobierno es únicamente la sanidad (al menos en un princicipio). Para el exministro socialista, hay que tender a buscar una solución en clave "federal" que garantice en todo caso el principio de unidad y también el de ordinalidad, vinculado a la solidaridad interterritorial.

En cuanto a Ciudadanos, Rivera pretende que las bases de un nuevo sistema estén recogidas en la Constitución (también lo pide Podemos). Su propuesta es similar a la de los populares puesto que reclama también la definición de un paquete básico de servicios cuyo gasto sufrague el Estado y que, el resto, corra a cargo de las comunidades. No entra en fórmulas para elevar la corresponsabilidad fiscal pero sí exige, de paso, que se eliminen los privilegios fiscales de los que gozan Euskadi y Navarra.

Para el partido de Iglesias, lo relevante es acometer una reforma de la Carta Magna en la que se reconozca la plurinacionalidad del Estado para, después, negociar un nuevo sistema de financición sobre principios de autonomía, solidaridad interterritorial y lealtad institucional, "en el marco de una hacienda federal". También se comprometen a incrementar el gasto en Sanidad poor habitante.

DE MARGALLO A MONTORO

Retomando el proyecto del PP, que se ha conocido hoy, se recoge la esencia (en ningún caso la totalidad) de un proyecto que lleva años defiendo el ahora ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, pero que en los últimos meses se ha ido puliendo, rebajando y ajustando en el ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Así y aunque esa letra pequeña no se incluye en la propuesta difundida este miércoles, se asume la idea de ampliar la corresponsabilidad y crear un nuevo mapa fiscal en España, pero se desecha el ambicioso reparto de la cesta de impuestos que propugna el jefe de la diplomacia española.

Pese a ser una promesa del programa electoral con el que Rajoy concurrió a las elecciones del 2011, que ganó, no ha habido una reforma del modelo de financiación autonómica en los últimos cuatro años. Tampoco se ha abierto el debate político al respecto. Los populares, en plena ofensiva soberanista desde Catalunya y con la resaca de un mal resultado en las autonómicas de mayo que les restó mucho poder territorial, han preferido aplazar este asunto hasta la próxima legislatura, alegando que no había dinero en las  arcas para cambiar el sistema.

INFORMACIÓN EN PRESUPUESTOS

Ahora el PP quiere recalcar la idea de que la recuperación económica está en marcha al recuperar esta promesa y ofreciendo sus políticas como aval de un crecimiento también en los gastos, eso sí, controlado. "Garantizaremos un ritmo de crecimiento estable del gasto en los servicios básicos --educaciónsanidad servicios sociales--, adaptado a la evolución de factores como la población, de forma que éste no se vea sometido a fluctuaciones discrecionales", apuntan.

En todo caso en el programa se advierte de que, una vez aprobado el nuevo modelo, se trabajará para que las comunidades den información en su presupuesto sobre la proporción de recursos que destinan a servicios básicos "y las que se destina a otras competencias". Se da la circunstancia de que ya en el último tramo de la legislatura que toca a su fin los populares, a raíz del agravamiento de la crisis secesionista en Catalunya, han elevado la exigencia de información sobre las cuentas autonómicas y requisitos para poder recibir liquidez estatal, en este caso  proveniente del fondo de liquidez autonómica (FLA).