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primer acuerdo de la legislatura

Junts pel Sí y la CUP inician el camino de ruptura con España

Ambas fuerzas pactan una declaración que debería aprobarse antes del 9-N

El texto fija que el proceso no acatará las resoluciones que dicte el Constitucional

FIDEL MASREAL / BARCELONA

El proceso hacia la independencia acelera, todavía sin president a la vista y,por lo tanto, sin nuevo Govern. Junts pel Sí y la CUP dieron ayer un pistoletazo de salida a la vía directa hacia la insubordinación, cuyo alcance es todavía incierto dado el nivel de conflictividad que va a generar en plena precampaña española. En clave interna supone un compromiso electoral de ambas fuerzas pero con una incógnita notable: ¿Tiene Convergència alguna garantía de que este desafío legal al Estado será compensado por la CUP con un apoyo a la investidura de Mas?

De entrada, la redacción del texto incorpora un enfrentamiento incontestable, más en la línea del ideario de la formación anticapitalista que de la habitual prudencia convergente. Plantea el «inicio de la creación del Estado catalán independiente en forma de república», así como que «el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional». E insta al Govern a «cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos» del Parlament.

SIN CANDIDATO / Para la CUP, sin embargo, esta no es una concesión a sus postulados. Al contrario, sus diputados pidieron a CDC que dado que este planteamiento no es el que ellos harían, ceda respecto a la figura de Mas y se busque otro candidato o candidata a president que sea de consenso, tal como afirmó en rueda de prensa el diputado de la fuerza independentista Albert Botran.

En Convergència, el encargado de defender el acuerdo fue el coordinador general, un Josep Rull entusiasta a favor de la desconexión con el Estado. «Esta voluntad expresada por el pueblo no quedará supeditada a ningún otro acto que planteen las instituciones del Estado», proclamó junto a Raül Romeva Marta Rovira (ERC). Los tres hicieron un llamamiento a otros partidos, en referencia a Catalunya Sí que es Pot, a que se añadan a la propuesta.

Pero no todos en Convergència ven claro que el desafío lanzado ayer y sus consecuencias no cuente con una base de acuerdo para todo el paquete negociador: el camino hacia la independencia sí, pero la investidura de Mas, también.

¿Y ESQUERRA? / La tercera parte negociadora, ERC, se mostró ayer ampliamente satisfecha con la propuesta presentada en el registro del Parlament. Siempre mirando en la consecuencia de ese texto en las conversaciones para la investidura, una fuente republicana señaló: «A ver quién se atreve a frustrarla ahora». La lectura de Esquerra es que tanto CDC como la CUP están ahora más obligados que nunca a cerrar un acuerdo. Sobre todo viendo la virulencia de la respuesta del Estado al órdago soberanista. «Estamos llevando adelante el plan» señala esta fuente en referencia a las tres partes. Cuando se apruebe la resolución que da inicia al eventual proceso de independetista, ¿puede la CUP matar el proceso por no aceptar a Mas? ¿Puede CDC matar el proceso por querer salvar a Mas? ERC, que siempre se ha mostrado optimista en el final feliz de la pugna entre convergentes y anticapitalistas respiraba ayer puro optimismo, informa Xabier Barrena.

 

Respecto a los ritmos, ayer la vicepresidenta en funciones, Neus Munté, negó que se estén precipitando los acontecimientos para acelerar la llamada desconexión. Junts pel Sí preveía que la desobediencia llegara solo tras una ley de transitoriedad que sirviera de paraguas legal. Munté, prudente, dijo que se está cumpliendo con el «mandato democrático» del 27-S. «Estamos convencidos de estar actuando dentro de la legalidad, la legalidad no es única», sostuvo. Y confirmó que el Govern puede cumplir con la resolución en cuanto al envío al Parlament en 30 días de tres leyes: la del proceso constituyente, la de la Seguridad Social y la Hacienda pública.

ERROR DE TRAMITACIÓN /El acelerón dado ayer fue tan notable que ambos grupos firmantes se olvidaron de que para tramitar de urgencia el debate y votación de su iniciativa se necesitan más de dos grupos parlamentarios o bien la firma de una quinta parte de los diputados. Hoy, ya con las firmas preceptivas, la Mesa volverá a reunirse para aceptar a trámite esta votación de urgencia. Una vez publicada la propuesta se deben conceder siete días a los grupos para que puedan presentar sus enmiendas. Pero el conflicto dará para mucho más que enmiendas.

La impugnación por parte del Ejecutivo central puede llegar incluso antes de que el pleno vote el documento, dado que previamente la Mesa y la Junta de Portavoces lo han de tramitar y situar en el orden del día del pleno. La nueva presidenta del Parlament, Carme Forcadell, podría ser la que recibiera el envite jurídico por parte del Constitucional a instancias del Gobierno del PP para que ni convoque el pleno. Si no lo acata, se produciría la primera desobediencia institucional en el camino hacia la independencia.

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