PROCESO JUDICIAL

Cinco testigos rebaten la versión de la Generalitat sobre el 9-N

El Govern habría llamado a institutos tras la prohibición del Constitucional

El juez quiere aclarar si Mas dejó la consulta en manos de los voluntarios

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J. G. ALBALAT / BARCELONA

Cinco testigos han ofrecido este lunes al juez una serie de detalles que apuntan a que el Govern no se desentendió del proceso participativo del 9-N, tal y como declararon la semana pasada el 'president' Artur Mas, la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y la 'consellera' de Ensenyament en funciones, Irene Rigau, quienes afirmaron que dejaron las riendas de la consulta en manos de los voluntarios. Tanto el magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Joan Manel Abril, como los fiscales y la acusación popular pretenden demostrar que el Ejecutivo catalán no paró máquinas a partir del 4 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional prohibió la consulta y que la Generalitat continuó trabajando a la sombra para que el llamado proceso participativo fuera un éxito.

El primer testigo que ha proprocionado un dato relevante ha sido Dolores Agenjo, la que el 9-N era directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet y que se negó a abrir el centro educativo para que se celebrara la votación. La docente, que fue candidata de Ciutadans en las últimas elecciones autonómicas, ha explicado en su declaración que se sintió "presionada" por las llamadas recibidas de la directora de los servicios territoriales de Barcelona para que entregara las llaves del instituto. Ella exigió que se le diera la orden por escrito y al no llegar el centro permaneció cerrado el día de la votación. El dato relevante, según fuentes judiciales, es que esas cinco llamadas se produjeron el 6 y 7 de noviembre, días después de la prohibición del Constitucional.

La testigo ha admitido que asistió a una reunión convocada por Ensenyament el 16 de octubre del 2014 en la que se informó a los directores de colegios e institutos sobre el 9-N. Agenjo ha calificado de "instrucciones" lo hablado en ese encuentro, aunque anteriores testigos han asegurado ante el juez que la reunión era meramente informativa. La exdirectora del instituto ha ofrecido el nombre de más responsables de centros educativos que tampoco estaban dispuesto a abrir las puertas y que también se sintieron "presionados".

El directivo de la empresa Focus, Daniel Martínez, ha explicado que se le encargó montar el centro de prensa en la que Joana Ortega ofreció las cifras de participación de la jornada. Martínez ha concretado que este servicio se realizó en el marco de un contrato anual que la empresa tenía con la Conselleria de Presidència por un máximo de 500.000 euros. La organización del centro de prensa, ha detallado, costó 140.000 euros. El directivo ha admitido que la semana antes del proceso participativo (después de la prohibición del Constitucional) le pidieron modificaciones.

LAS URNAS

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La directora del CIRE, Elisabeth Abad, ha reconocido que las urnas se hicieron en el centro penitenciario de Lleida y que, para ellos, se firmaron tres convenios con la Conselleria de Governació. Las urnas y las papeletas estuvieron estuvieron preparadas el 30 de octubre y se guardaron en un almacén del CIRE. Una empresa contratada distribuyó el material por los centros educativos después del 4 de noviembre. Lo mismo pasó con el reparto a las escuelas de los ordenadores en los que una firma especializada instaló un programa para registrar a los votantes. Este software acabó de colocarse el 4 de noviembre, según ha sostenido el director del Centre de Telecomunicació y Tecnologíes de la Informació (CTTI), Jordi Escalé.

El último en declarar fue el exasesor del departamento de Governació y coordinador del 9-N, Joan Cañada, que ha justificado que la web sobre la consulta continuara operativa después de la prohibición por la dificultad de eliminarla, dado que estaba alojada en servidores extranjeros.