Lo que queda de ETA

El martes se cumplirán cuatro años desde que ETA hizo callar las armas. Desde entonces, la gestión del final de la violencia se ha convertido en un caos, entre otras causas por la indiferencia de Francia y España, que apuestan por aniquilar lo que queda de la banda a través de vías exclusivamente policiales, y la incapacidad de ETA para poner en marcha el desarme unilateral que prometió. Entre tanto, los escasos militantes que siguen en Francia se encuentran en una situación económica precaria y les cuesta hallar colaboradores que se arriesguen a ocultarles. La constatación del fracaso de ETA va acompañada de la necesidad de cerrar su sangrienta trayectoria de forma ordenada, al menos en lo que respecta a las armas que aún ocultan.

Las recientes detenciones de Iratxe Sorzabal y David Pla, últimos jefes de la banda, la han descabezado por completo, dejándola sin referentes para gestionar su propio final. Su actividad actual es meramente técnica, centrada en el sellado de las armas y explosivos ocultos en los zulos diseminados por suelo francés. Quedan pocos activistas en libertad, en torno a una decena, y las fuerzas antiterroristas creen que ninguno cuenta con autoridad suficiente para liderar la banda. Aunque uno de los principales objetivos sigue siendo la captura de Josu Ternera, en realidad sería una detención más simbólica que operativa, ya que el militante más veterano de ETA lleva ya años alejado de la cúpula.

ÚLTIMO COMUNICADO

En su último comunicado, en septiembre, ETA alertaba del «riesgo» de que las armas quedaran «descontroladas» si persistían los golpes policiales. Un mensaje directo a Francia para que no obstaculice las tareas de los activistas encargados de gestionar los arsenales. En todo caso, la banda mantiene sus compromisos de sellado de sus zulos, con la intención de abordar un posterior desarme pactado con Francia y España.

Los miembros de ETA que siguen en libertad están repartidos por varios países, como Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica y, sobre todo, Sudamérica. Quienes permanecen en suelo galo han optado por agruparse cerca de la frontera con España, tendencia contraria a la que seguían sus comandos cuando ETA actuaba, que buscaban escondites cada vez más alejados. Pero es en el País Vasco francés donde aún disponen de colaboradores dispuestos a jugarse la cárcel por ocultarlos.

EL FUTURO DE LOS PRESOS

El futuro de los cerca de 450 presos etarras sigue siendo muy oscuro. A finales del 2013, el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos firmó el Acuerdo de Gernika, un paso histórico que suponía la aceptación de la ley penitenciaria española, y que, por tanto, abría la puerta a las reinserciones individuales. Sin embargo, desde entonces todas las solicitudes presentadas han ido suscritas como colectivo, por lo que han sido rechazadas por la justicia, que exige que las peticiones de reinserción sean individuales.

Al mismo tiempo, ni Francia ni España han realizado el más mínimo gesto para llevar a los reclusos a prisiones cercanas a sus domicilios, como reclama la izquierda aberzale con el apoyo, en este punto, del PNV. De hecho, las últimas manifestaciones se han limitado ya a pedir la excarcelación de los presos gravemente enfermos. Precisamente, la cuestión de los presos es la más compleja de gestionar en la izquierda aberzale, y también la que está provocando las primeras disidencias desde el final de ETA. Organizaciones como Amnistía y Libertad o fuerzas como Eusko Ekintza, heredera de ANV, critican a Sortu por su estrategia política y por no exigir la amnistía inmediata de todos los reos.

De momento, parece controlado el riesgo de que surja otra organización violenta que canalice el descontento, aunque hayan habido actos esporádicos de kale borroka. En verano, un grupo proamnistía, Ibil, quemó cinco autobuses en Loiu (Vizcaya). Pero el serio aviso que recibió de Sortu, que rechazó el ataque y le acusó de «beneficiar a quienes quieren perpetuar el conflicto», fue suficiente para que no volviera a actuar.