Los partidos entierran por enésima vez la ley electoral

De fracaso de fracaso y tiro porque me toca. Los partidos catalanes suscribieron ayer el enésimo ridículo con la ley electoral, que volverá a guardarse en el mismo cajón del Parlament donde reposa desde hace la friolera de 36 años. Esta intentona es la que ha estado más cerca de fructificar, pero ha tenido el mismo final de siempre: Catalunya seguirá siendo la única autonomía sin ley electoral propia. Los grupos parlamentarios dieron carpetazo a la ponencia al constatar que el borrador aprobado no contaba con los 90 votos necesarios para ser ratificado, dado el enroque de todas las fuerzas en el eterno escollo del sistema electoral. Con esta decisión, CiU, ERC e ICV-EUiA se desdijeron de su palabra de forzar la votación de todos modos para señalar al PSC como culpable.

Cuando las negociaciones se bloquearon, Convergència, Esquerra e Iniciativa apalabraron una solución de emergencia: consagrar la fórmula vigente (derivada de la normativa estatal) y desbloquear las listas para que los votantes pudieran marcar candidatos preferentes en la papeleta. Sin embargo, estas tres fuerzas necesitaban de un cuarto grupo para sacar adelante la reforma, y el PSC rechazó desde el primer momento avalar un texto que no implicase un cambio de modelo electoral.

VOTACIÓN SÍ O SÍ

De hecho, el pasado febrero, el diputado de CiU Lluís Corominas aseguró que la norma se votaría con o sin acuerdo para retratar a los grupos que no la aceptaban. «La llevaremos a votación. Esta vez no se quedará en ponencia; esta vez el contenido intentaremos llevarlo en los próximos meses a esta Cámara. Y, en todo caso, quien no esté de acuerdo que diga por qué, y si no hay los 90 votos, que se sepa por qué no hay 90 votos y por qué no tenemos ley electoral», aseguró entonces Corominas. Sin embargo, fuentes de la ponencia argumentaron ayer que finalmente se ha optado por no forzar esa votación «para no degradar la imagen del Parlament».

Esta última negociación ha dibujado dos bloques. A un lado, CiU y ERC se han mantenido parapetadas detrás de la representatividad territorial para no aceptar un escrutinio único de los votos, por entender que beneficiaría a Barcelona en detrimento de Girona, Lleida y Tarragona -donde convergentes y republicanos han tenido históricamente más fuerza electoral-. Al otro lado, el PSC, el PPC, ICV-EUiA, Ciutadans y la CUP -con el voto más concentrado en el área metropolitana- estaban de acuerdo en el recuento nacional y proponían que los diputados se asignasen por circunscripciones para blindar la representatividad.

Además, este enésimo fracaso convierte en papel mojado modificaciones en la administración electoral catalana y medidas de transparencia y fomento de la participación. El texto acordado creaba una Sindicatura Electoral Catalana, endurecía el régimen de incompatibilidades, imponía una rebaja salarial a los diputados que compaginasen el escaño con otras actividades, establecía el voto anticipado en los ayuntamientos, implementaba el envío conjunto de la propaganda electoral y flexibilizaba los bloques informativos en los medios públicos.