08 ago 2020

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36 AÑOS SIN LEGISLACIÓN PROPIA

Las claves de la ley electoral catalana

JOSE RICO / BARCELONA

Más allá del sistema de traducción de votos en escaños, el anteproyecto de la ley electoral dota a Catalunya de una junta electoral propia y contiene medidas que buscan fomentar la participación y garantizar la transparencia en las contiendas electorales. Reformas que podrían quedar en agua de borrajas si los partidos mantienen sus eternas discrepancias en la concreción de un sistema electoral.

SINDICATURA PROPIA

El anteproyecto de ley electoral aprobado en la ponencia crea la Sindicatura Electoral Catalana -equivalente a la Junta Electoral Central-, compuesta de seis representantes: tres miembros del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya elegidos por sorteo y tres catedráticos o profesores que el Parlament escogerá por una mayoría de tres quintas partes (81 diputados). No obstante, los miembros de la magistratura tendrán prevalencia en el organismo, pues designarán siempre de entre ellos al presidente, que dispondrá de voto de calidad en las deliberaciones. En este mismo capítulo, con la nueva ley electoral se suprimiría la figura del interventor, dejando solo a los apoderados como representantes de los partidos políticos en los colegios electorales.

INCOMPATIBILIDADES

El anteproyecto endurece el régimen de incompatibilidades de los cargos electos y prohibirá a los diputados del Parlament compatibilizar este escaño con el de senador. El PPC se oponía a una restricción que impediría a su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, ser reelegida senadora por designación del Parlament. Sin embargo, la mayoría de los grupos apoyaron que se mantenga la posibilidad de compaginar el cargo de diputado y el de alcalde, situación en la que se hallan un puñado de parlamentarios de CiU y varios de ERC y del PSC.

Otra de las novedades que los grupos han incluido en el documento que llevarán al pleno es obligar a los candidatos a estar censados en la circunscripción por la que concurran, a fin de evitar un recurso habitual de los partidos: completar las listas con candidatos de otras demarcaciones, los conocidos como 'paracaidistas', o directamente situar en los primeros puestos de una candidatura a una persona perteneciente a una circunscripción distinta para garantizarse el escaño. Una práctica muy extendida entre los partidos sobre todo cuando parten con unas malas expectativas electorales.

VOTO ANTICIPADO

El último elemento de fricción ha sido la incorporación al texto del voto anticipado, que permitirá a los electores votar entre el lunes y el jueves previo a la jornada electoral. Ante la imposibilidad de modificar el voto por correo, que está blindado por la ley electoral estatal, la fórmula pactada consiste en que el elector lleve en mano el sobre con su voto a su ayuntamiento, donde el secretario del consistorio se encargaría de verificar la identidad del votante, custodiar el sobre y entregarlo a la mesa electoral correspondiente.

Los partidos que defienden la medida (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) aducen que permitiría ahorrar trámites porque un elector podría solicitar el voto y ejercerlo en el mismo lugar y momento, lo que también fomentaría la participación en las elecciones ante las trabas logísticas con las que actualmente topan muchos de quienes piden el voto por correo. Sin embargo, socialistas, populares y Ciutadans cuestionan la fórmula por considerar que no ofrece las mismas «garantías» legales y jurídicas que el voto por correo.

RECORTE SALARIAL

A estos gestos que pretenden ser de regeneración hay que sumar otros de austeridad. Los grupos se han quedado a medias en su intento de apostar por la dedicación exclusiva de los diputados. El borrador de la ley impone una rebaja salarial a los parlamentarios que compaginen su cargo con otras actividades remuneradas fuera de la Cámara. La cuantía de este recorte se fijaría mediante una reforma del reglamento del Parlament.

BUZONEO CONJUNTO

Por otra parte, si se aprueba la ley tal y como la han empezado a diseñar los grupos parlamentarios, los catalanes dejarán de recibir en sus buzones un sobre por cada fuerza política. En su lugar se distribuirá un único sobre pagado por el erario que contendrá la propaganda de todas las candidaturas con representación parlamentaria. El 'mailing' (buzoneo) de los partidos ya se sufraga mayoritariamente con subvenciones públicas y, de hecho, es uno de los principales gastos de campaña de las candidaturas.

Según lo declarado por las propias fuerzas políticas, en la campaña del 2012 CiU se gastó 908.000 euros en 'mailing'; el PSC, 898.000; ERC, 850.000; el PPC, 900.000, e ICV-EUiA, 893.000. Como sucede con la ley estatal, a aquellas candidaturas que obtengan diputados por primera vez, algo que podría ocurrir con Podemos en las próximas elecciones autonómicas del 27 de septiembre si se cumplen las encuestas, se les abonará después de los comicios el coste de su correspondencia.

BLOQUES INFORMATIVOS

El anteproyecto de la ley electoral catalana atiende a medias la eterna reivindicación de los periodistas de los medios de comunicación públicos: la liquidación de los bloques informativos que imponen el tiempo que deben informar de cada partido en función de su representación parlamentaria. El cronómetro no desaparecería, pero los profesionales tendrían cierto margen para ordenar las informaciones de las diferentes fuerzas políticas a partir de criterios de «interés informativo», además de los de «proporcionalidad y representación».

Para garantizar esta flexibilidad, la nueva reglamentación encargaría el control de la información electoral no solo a la futura Sindicatura Electoral Catalana, sino también al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y al Consell de la Informació de Catalunya, organismo dependiente del Col·legi de Periodistes. Estos tres órganos podrán minutar la información electoral de los medios de comunicación públicos y privados y actuar en consecuencia si detectan que no informan con proporcionalidad y equidad, o si hay partidos que reciben un trato privilegiado o, por el contrario, son marginados.