20 feb 2020

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Mas alega que el Gobierno y la fiscalía "consintieron" el 9-N

El 'president' niega desobediencia al TC porque no se forzó una prohibición "expresa"

Ortega atribuye un «sesgo marcadamente político» a las acciones legales por la consulta

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Artur Mas dejó en el aire el pasado martes la réplica en los tribunales a la admisión a trámite de las querellas por el 9-N contra el president; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera Irene Rigau. Durante su balance de la legislatura, afirmó que los serviciós jurídicos de la Generalitat estaban «estudiando» esa opción. Ayer, los recursos ya estaban listos y el Govern los presentó ante el Tribunal Superior de Justícia (TSJC).

El president y las conselleres niegan haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) por sacar las urnas del proceso participativo el pasado 9 de noviembre. En sus recursos, los miembros del Govern alegan que tanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy como la fiscalía «consintieron» la consulta alternativa, suspendida por el TC a instancias del Gobierno, porque no se forzó su prohibición «expresa». La resolución no advertía, subrayan, de que, si se incumplía, podía incurrirse en un delito de desobediencia.

Pese a que el Constitucional suspendió cautelarmente, el 4 de noviembre, la fórmula que Mas ideó para burlar el veto a la consulta inicialmente planteada, el Govern aduce que el tribunal no emitió «un mandato expreso, concreto y terminante» que impidiera llevarla a cabo. Las defensas apuntan que el Ejecutivo central posiblemente «falló en la diligencia debida y consintió esa situación». Del mismo modo, alegan que el ministerio fiscal «no emprendió ninguna acción legal» hasta que formuló la querella y que «consintió de esa manera que se llevaran a cabo todos los actos que ahora se presentan como constitutivos de delito».

DEMOCRÁTICA, PACÍFICA Y LEGAL / La vicepresidenta y consellera de Governació alude en su recurso a los intereses de los recurrentes al criticar el «sesgo marcadamente político» de las querellas. La defensa de Ortega sostiene que la actuación del Govern fue «democrática, responsable, pacífica y respetuosa con la legalidad» por lo que «es obvio» que el proceso participativo «no puede ser objeto de una instrucción penal». Y recuerda que las votaciones del 9 de noviembre no partieron de ningún censo electoral ni registro de población, sino del trabajo «fundamental de un colectivo de voluntarios».  La resolución de los procesos políticos pacíficos y democráticos, subraya, «tienen que ser resueltos en el ámbito de la política». En ese punto, el texto apunta al «diálogo y la negociación».

Los recursos se apoyan en los argumentos de la junta de fiscales del TSJC, que se opuso por unanimidad a la presentación de la querella. El abogado de Ortega incide en la controvertida tramitación de la misma por parte de la fiscalía, a través de lo que define como «un insólito puente aéreo procedimental», en alusión a los diversos posicionamientos de los fiscales catalanes y del Estado. En el recurso, resume así el ir y venir de pronunciamientos: «Fue anunciada [la querella] en sus términos y fecha de presentación por representantes del PP, confirmada por el fiscal general del Estado, rechazada por la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya, apoyada por la junta de fiscales de sala, ordenada por el fiscal general del Estado y, finalmente, presentada y suscrita por el fiscal superior de Catalunya». Ortega alega, pues, las «serias dudas» del ministerio público respecto a los «indicios de criminalidad» de los hechos que motivaron la querella.

Mas, Ortega y Rigau también hacen mención a la aclaración que el Ejecutivo catalán reclamó al Tribunal Constitucional sobre su resolución, por considerarla «indeterminada y abstracta». «La no resolución de la aclaración redunda en la inconcreción», insiste el Govern.