El Parlament aprueba la ley de transparencia catalana

La norma ha prosperado con los votos de CiU, ERC, el PSC y el PPC en la mayor parte del texto

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RAFA JULVE / BARCELONA

El Parlament ha aprobado este jueves la ley catalana de transparencia con los votos a favor de CiUERC, el PSC y el PPC en la mayor parte del texto, mientras que ICV-EUiA, la CUP Ciutadans se han movido entre el 'no' y la abstención según los artículos. La norma, que entrará en vigor a mediados del año que viene, impulsa como medida estrella la creación de un portal web más amplio que el desarrollado por la Generalitat desde julio del 2013 y obliga a la Administración municipal y autonómica a detallar sueldos de los cargos y a informar del coste de las campañas institucionales, de los contratos y de todo tipo de gestiones. También intenta facilitar el acceso a otra información de los organismos públicos que soliciten los ciudadanos y crea una comisión de seguimiento que vele por el correcto cumplimiento de la reglamentación.

La ley catalana de transparencia ha pasado el último trámite de la Cámara un año después de que el Congreso sacara adelante la norma estatal (con los únicos apoyos del PP, el PNV y CiU) y pocas semanas después de que el Gobierno central abriera su portal web. A diferencia de la legislación aprobada por la Cámara baja española, que contempla el silencio negativo, es decir, que exime a la Administración de tener que comunicar y justificar al interesado por qué no le ofrece una determinada información en el plazo establecido de 30 días, la normativa catalana obliga a las instituciones a tener que dar explicaciones al solicitante.

MÁS SUJETOS AFECTADOS

En el reglamento catalán, la Administración también tiene un plazo de 30 días para entregar la información o razonar al interesado por qué no se la facilita, periodo que se puede ampliar en 15 días. Se limitará eso sí el acceso a datos que afecten a la seguridad pública, a menores de edad o al secreto profesional, entre otros. En cambio, las universidades y las fundaciones y entidades privadas que reciban subvenciones públicas deberán detallar también la gestión de esos fondos. En la ley estatal, los "sujetos obligados" a rendir cuentas están mucho más delimitados. Ahora bien, algunos grupos como ICV han reclamado que en Catalunya también se obligue a abrir sus puertas a empresas que prestan servicios básicos a la población (luz, agua, telefonía, banca...). En opinión de ERC, el artículo 3 de la ley ya contempla ese requerimiento. Lo que querían los ecosocialistas es que el texto fuera mucho más concreto.

En cuanto a los incumplimientos, se establece un régimen sancionador con multas de hasta 12.000 euros y la posibilidad de destitución del puesto a aquellos cargos que manipulen información o no entreguen todos los datos de que disponen. La comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública, integrada por entre tres y cinco expertos en la materia elegidos por el Parlament, será la encargada de intentar solucionar los conflictos.

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DISCREPANCIAS POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

En torno a esa comisión de seguimiento es donde han surgido algunas de las mayores discrepancias. El texto aprobado establece que los miembros los designa la Cámara catalana, pero que estos pasarán a depender de la 'conselleria' que decida el Govern de la Generalitat. Tanto el PSC como ICV han cuestionado en este sentido que esos expertos puedan actuar con la "independencia" si dependen del Ejecutivo. Los ecosocialistas, además, han lamentado que no haya más control del Parlament, que se tiene que autovigilar, y no se fían de un Govern, el de Artur Mas, que actúa con "opacidad", la misma crítica que ha lanzado Ciutadans. Este partido e Iniciativa también han coincidido en que la ley no garantiza que se conozca la "trazabilidad" de cada euro público.